Las reformas a las leyes o reglamentos para confeccionar trajes a modo de los gobernantes parece ser una moda que se pretende imponer en los nuevos tiempos políticos, con lo cual se estaría haciendo a un lado la voluntad de los electores, que votan por determinados actores políticos para que ejerzan determinado tiempo, y de acuerdo a las reglas ya establecidas.

Aquí le dejamos dos ejemplos: el primero es el de Baja California, donde al gobernador entrante, al que ganó las elecciones en junio pasado, los diputados salientes le modificaron el período de gobierno que era de dos años, esto para empatar las elecciones locales con las federales, y lo alargaron a cinco años, es decir, le otorgaron tres años más de mandato.

Tal acción se ha calificado de aberrante por parte de distintos representantes populares del país, inclusive ya se presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de rechazar la ampliación del mandato del gobernador electo de esa entidad, el cual por cierto es de Morena.

Lo que llama aún más la atención, es que los legisladores del de Congreso de Baja California que aprobaron la ampliación del período del gobernador electo, son ni más ni menos que del PAN y PRI, cuya acción ya se sospecha pudo haber obedecido a cuestiones monetarias.

En Quintana Roo tenemos a nuestros sastres políticos, como es el caso del municipio de Othón P. Blanco, donde los regidores ya cocinan una modificación al Reglamento de la Administración Pública Municipal, a fin de eliminar facultades y posiciones que hasta ahora son exclusivas del presidente municipal, y atribuirlas al Cabildo, al tesorero municipal y a la Secretaría General.

Se habla ni más ni menos que de eliminar algunas direcciones, con el argumento de la austeridad republicana, pero dicen los que saben que el fondo del asunto es darle todo el poder al tesorero y someter al presidente municipal Otoniel Segovia, quien ha sumado a la mayoría del cabildo en su contra.

Tales reformas tendrían a la sindico Yensunni Martínez como la principal promotora, y se pretende eliminar la Secretaría Técnica, la dirección de Comunicación Social y la Oficialía Mayor municipal, cuyas atribuciones y las cinco direcciones que controla (recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, patrimonio municipal y profesionalización y capacitación) pasarían directamente a la Tesorería.

Así las cosas en el municipio de Othón P. Blanco, donde la mayoría del Cabildo conformada por morenos, ex priístas e independientes, buscan hacerse del control total económico y político al maniatar al presidente municipal suplente Otoniel Segovia. Hasta la Próxima.