Una danza de cifras multimillonarias perdidas en la maraña de la corrupción gubernamental presentó ayer el auditor superior interino, Manuel Palacios Herrera, como resultado de la  revisión y fiscalización de las cuentas públicas de 2015 ordenada hace unos meses por el Congreso con la etiqueta de “urgente”, debido a la sospecha que desató la premura con la que fueron aprobadas dichas cuentas por la anterior Legislatura.

La radiografía de las auditorías reveló un monstruoso desfalco por casi 12 mil millones de pesos durante 2015 y parte de 2016 cometido en un puñado de dependencias y algunos municipios, aunque hay de casos a casos.

Y es que de los 11 mil 813 millones 531 mil 543 pesos observados por la Auditoría Superior, alrededor de un 70 por ciento se detectaron en cinco dependencias: Sefiplan, Sedaru, CAPA, IPAE y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

Tan sólo en la Secretaría de Desarrollo Rural se encontraron irregularidades por 3 mil 375 millones de pesos en 2015 y 2016, cantidad incluso superior a la de la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde andan en el limbo poco más de 3 mil 200 millones.

En la Comisión de Agua Potable no localizaron mil 500 millones de pesos, y una cantidad ligeramente menor también se perdió sin rastro en el extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), mientras que en el SQCS se contribuyó al saqueo con casi 800 millones de pesos.

Palacios Herrera, quien por cierto está en busca de ser ratificado como titular de la ASE por el Congreso local tras fungir como interino por unos meses después de la renuncia de Javier Zetina González, manifestó que por estas irregularidades se presentaron 27 denuncias penales ante la Fiscalía en contra de 84 ex funcionarios involucrados, que se suman a la pila de demandas presentadas con anterioridad que aún reposan en alguna gaveta polvorienta de la Fiscalía Estatal.

Porque resulta incomprensible que con toda la evidencia obtenida de este saqueo monumental, hasta el momento solo un ex funcionario menor haya sido detenido por la Fiscalía mientras los principales responsables del atraco a las arcas públicas siguen tan confiados en libertad.

El Auditor ya hizo su chamba al realizar esta revisión extraordinaria que costó varios millones de pesos, y sería un verdadero desperdicio que todo este esfuerzo solo quede en el golpe mediático, y no se traduzca en una aplicación real de la ley. El turno es de la Fiscalía y de nuestro “Congreso del cambio”.