Un miércoles negro vivieron los cuestionados magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) y un cuarteto de consejeros del Instituto Electoral local (Ieqroo) al enterarse, casi al mismo tiempo, que sus puestos penden de un hilo por sendas denuncias en su contra.

Los primeros a los que les entró la temblorina fueron a los magistrados electorales Vicente Aguilar Rojas, Nora Cerón González y al presidente del Tribunal Víctor Vivas Vivas, cuando se enteraron que la Comisión de Justicia del Congreso local declaró procedentes las solicitudes de juicio político en su contra.

No era para menos porque sobre los magistrados pesaban tres denuncias, una interpuesta por la consejera del Ieqroo, Claudia Carrillo Gasca, contra Víctor Vivas por violencia política; otra presentada por el también consejero electoral Sergio Avilés Demeneghi y una más del partido Morena, que acusó parcialidad en los juicios de los magistrados a favor del PRI y sus aliados.

Tras varios meses de tensión, finalmente los diputados decidieron sentar en el banquillo a los tres magistrados que podrían ser destituidos del cargo y sancionados con una larga inhabilitación para ocupar puestos en el servicio público.

Aún más delicada es la situación que enfrenta la titular del Instituto Electoral, Mayra San Román Carrillo Medina y tres de sus leales consejeros electorales que están sujetos a un proceso de remoción emprendido por la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los consejeros Thalía Hernández Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech y Mayra San Román Carrillo Medina fueron denunciados por el partido Morena desde septiembre pasado ante el INE, acusados de sustraer de manera ilegal información de los listados nominales de las pasadas elecciones locales, denuncia realizada por la consejera “incómoda”, Claudia Carrillo Gasca, lo que desató la investigación en su contra.

Para colmo de sus males, además de esta investigación del INE la Fiscalía electoral (Fepade) también lleva su propia investigación con efectos penales contra los Consejeros que tienen motivos de sobra para estar muy preocupados.

De ser encontrados culpables, magistrados y consejeros serán echados de sus cargos obligando a una renovación en los cuerpos de gobierno de los manchados órganos electorales quintanarroenses.