La carrera por las once presidencias municipales quintanarroenses está en marcha en lo que será el proceso electoral más complicado en la historia local, pues la normatividad aprobada por el Congreso local no sólo posibilita la reelección de los alcaldes, sino que privilegia la participación de las mujeres en la vida política; con esos dos ingredientes y las aspiraciones tradicionales de infinidad de actores políticos, se ha desatado una verdadera guerra de baja intensidad, cuyo objetivo principal es derrocar a los actuales munícipes.

En algunos de los municipios los orquestadores de los ataques son de un partido opositor al alcalde, lo cual no tendría nada de raro, en tanto que representa la competencia por ocupar la “silla” municipal, como el caso de Benito Juárez, en donde el –bastante incompetente– alcalde verde ecologista Remberto Estrada Barba, ha recibido embates de regidores como Gregorio Sánchez Martínez, hasta hace una semana dirigente estatal del Partido Encuentro Social; o en Othón P. Blanco, donde el ex priísta Luis Torres Llanes, recibe ataques del regidor y dirigente del PRI, Martín Muñoz Escalante.

El caso es que las administraciones de los atacantes no han sido mejores que las actuales y sus argumentos son débiles, por ejemplo, Muñoz Escalante ha cuestionado la calidad de los servicio públicos en la capital, cuando en la administración anterior, la de Eduardo Espinosa Abuxapqui, y en la cual fue oficial mayor, fue una de las peores en ese rubro, no sólo por su cuestionable calidad, sino por los denunciados desvíos de recursos. Pero son tiempos electorales, mentir es la constante.

Otro ejemplo es el caso del municipio Puerto Morelos, en donde la alcaldesa ex priísta y ahora verde ecologista, Laura Fernández Piña, tiene que lidiar con los ataques de regidoras como Ludivina Menchaca Castellanos; pues en el Congreso local, la funcionaria ha asegurado que gran parte de la reforma electoral es de su autoría, particularmente lo relativo a violencia de género. Aquí lo cuestionable es que ha encontrado “oídos” en diputados como Raymundo King de la Rosa –quien también es dirigente estatal del PRI y fue quien postuló a Fernández Piña para la presidencia–; con esos amigos, no se necesitan enemigos.

Ejemplos de traiciones de grupos hay muchas y algunas fundadas, como el caso de Cozumel, donde la aun alcaldesa Perla Tun Pech recibe los embates de regidores propios y de la oposición, por una desastrosa administración; pero también en Solidaridad, Cristina Torres Gómez –que no ha hecho mejor papel-, tiene ataques silenciosos de su tesorero municipal, Asunción Ramírez Castillo, quien asegura es el “elegido” del gobernador Carlos Joaquín González, para arribar a la presidencia municipal.

Todo lo anterior es apenas un esbozo de las guerras intestinas ya iniciadas, a todo ello se suman los conflictos al interior de los partidos y el trabajo de otros actores que desde otras instancias gubernamentales se preparan para competir; si se considera que en 2018 se renovarán además los cargos federales, la definición de las candidaturas no será sencilla, por el alto riesgo de rupturas políticas. Esto apenas comienza.