El turismo es la actividad económica principal de Quintana Roo, más de medio millón de personas dependen directamente de ella y el gobernador Carlos Joaquín González hizo un llamado a todos los sectores sociales para el desarrollo de la entidad, luego de que los empresarios hicieran diversas manifestaciones públicas de inconformidad; pero entre la concordia que busca el mandatario y la inconformidad manifiesta han quedado de lado temas fundamentales para el bienestar de los que dependen de la actividad, y que debieran abordarse justo ahora que el paquete fiscal 2018 será analizado en el Congreso del Estado.

Empresarios turísticos de Cancún –el destino más importante de Latinoamérica– hicieron público su rechazo a la intención del gobierno federal de crear un nuevo impuesto cuya recaudación iría íntegra al combate a la delincuencia, reclamaron además la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Impuesto al Hospedaje que prevaleció durante la administración de Roberto Borge Angulo, por más de mil 400 millones de pesos y que hasta ahora no ha tenido mayores consecuencias; y aunque no lo dijeron como tal, el problema de seguridad en los destinos turísticos también es un tema latente.

Ahora bien, el llamado del mandatario ocurre luego de realizar una gira por Estados Unidos para aminorar efectos negativos en turismo; es decir acciones hay, en contraparte, entre el 40 y 60 por ciento de los hoteleros han dejado de pagar el Impuesto al Hospedaje, ciertamente, se han comprometido a apoyar en la compra de unas tres mil cámaras de vigilancia, pero no se advierte reciprocidad en el trato; más aún, desde 2016, está pendiente terminar con la operación de las llamadas “empresas pagadoras”, cuya evasión tan sólo en 2016 fue estimada en más de 79 mil millones de pesos, ¿verdad que vista así, la disparidad es demasiada?

El gobierno de Quintana Roo incluyó en el paquete fiscal “la propuesta para fortalecer la aplicación de la Ley de Impuesto Sobre Nóminas, es incorporar la figura de la ‘Retención’, mecanismo mediante el cual se obliga, al que contrata a una pagadora o “outsorcing” a retener, declarar y enterar el impuesto, y como consecuencia, garantizar la recaudación en tiempo y forma en beneficio de los quintanarroenses”, según sentenciaba la iniciativa, cuestión que finalmente no se aprobó, a pesar de que favorecería las prestaciones de quienes dependen del sector; así que el llamado a la concordia no debiera dejar de lado temas tan trascendentes, ¿será que este año se incluirá de nuevo en el paquete fiscal, y sobre todo, ahora sí se aprobará? Porque probablemente esa sea la inconformidad de fondo de los hoteleros y no otros factores aducidos ¿qué opina el lector?

Y es que los empresarios tienen razón en inconformarse por la creación de nuevos impuestos, más aun si no se comprueba con transparencia su utilización, pero habrían de medirse con la misma vara y tributar conforme a lo establecido por  las leyes nacionales. Cuando el punto no se incluyó  en lo aprobado por el Congreso de Quintana Roo en 2016, hubo también una aceptación por parte de los hoteleros para que lo recaudado por el Impuesto al Hospedaje se destinara en parte para el desarrollo de infraestructura turística; de ninguna manera especula el escribiente que hubo ahí una negociación, pero si son la operación de las “pagadoras” es tan gravosa para los trabajadores de la industria turística y se evaden tantos impuestos, lo menos que puede hacerse es regular o prohibir su operación a partir de 2018.

Finalmente, el llamado a sumar todos los esfuerzos para el adecuado desarrollo estatal que hiciera el gobernador del estado no debiera verse alterado con la regulación en cuestión, porque los empresarios hoteleros han sido quienes desde antes de la presente administración han pugnado por la legalidad; falta entonces conocer el paquete fiscal que envíe la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al Congreso, será en beneficio de todos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.