Destacaba en la radio por televisión nacional el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González que pasó justo un año entre la elección que lo encumbró, entre varias cosas merced a esa promesa justiciera, y la aprehensión de Roberto Borge Angulo ayer a primea hora, en Panamá.

Por definir estará si se trata de deportación o extradición, lo que depende de cuestiones migratorias, pero por lo menos Borge ya pasó una noche aprehendido en el país istmeño. 

Tendremos que ver si prospera –no se ve impedimento– el pedido de extradición de la cancillería mexicana y si los delitos que esgrimen nuestras autoridades ministeriales sustentarían el proceso y el ulterior encarcelamiento en México, pero es evidente, en abono al gobierno del cambio, que sus denuncias a través de la Fiscalía General tuvieron efecto, y no creemos, como muchos compañeros del Facebook planteaban ayer, que la captura de Borge tuviera que ver demasiado con las elecciones del domingo, en particular las celebradas en el Estado de México. Además no importa tanto.

Sin aspavientos pero con claridad meridiana, Carlos Joaquín declaró que tal resultado de un año de pesquisas proviene de un trabajo muy intenso, lo que fue puntualmente reconocido, aunque se mencionó en casi todos los medios la importante intervención de Somos Tus Ojos que encabeza la periodista, abogada y activista Fabiola Cortez Miranda en las demandas por los ilícitos que se expusieron.

El fiscal quintanarroense Miguel Ángel Pech Cen tal vez no inició las demandas ante la PGR, pero al parecer hizo bien su trabajo con el seguimiento y ahora su jefe puede dar la cara a sus electores, mismos que ya se notaban más bien impacientes en su afán justiciero.

Esos sentimientos colectivos son más que entendibles y desde luego las exacerbaciones están a la orden del día; Borge fue el césar y hoy en desgracia su servil corte que todavía hace un año le rendía pleitesía ya no lo acompaña, padece satanización y odios acaso enfermizos, lo cual por otra parte no debe apartarnos de la necesidad de actuar con justicia y apego a la ley, pero el éxito a Carlos Joaquín, el principal agraviado junto con un grupo de periodistas que lo acompañaron durante varios años, nadie se lo quita.

Desde temprano la PGR había solicitado ayer la extradición de Roberto Borge, de quien se decía en general que estaba protegido por la amistad del presidente Enrique Peña Nieto, quien ya no lo perseguiría por contar con las víctimas propiciatorias Javier y César Duarte. El delito que se argumenta está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal, que reza: “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”. Es federal y es grave, por lo que amerita cárcel.

En capilla están también Claudia Romanillos Villanueva, directora del Ipae durante el sexenio de Borge, y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, a la sazón coordinadora jurídica del instituto. La secretaria del padre del gobernador Borge, María de Lourdes Pinel Nieto, y el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo Melgarejo, presuntos testaferros, también son requeridos por la justicia federal.

Faltan desde luego las imputaciones del fuero común, que necesariamente estaban empantanadas por la inacción de la PGR, pero seguramente se dispararán en estos días, no sólo contra el exgobernador sino contra buena parte de la elite gobernante de 2011 a 2016 en Quintana Roo.