No es difícil percibir las buenas intenciones detrás de la que rápidamente fue conocida como “ley chaleco”, iniciativa de un grupo de diputadas que, sin embargo, a pesar del espíritu positivo, se metieron en camisa de once varas luego de dedicar tiempo y esfuerzo a una ocurrencia alejada del sentir ciudadano en vez de abocarse a alguno de los tantos adeudos pendientes sobre asuntos más apremiantes e importantes. La crítica, pues, no debe ser cáustica, porque el propósito es noble, pero las cuantiosas reacciones negativas de los motociclistas organizados e independientes dan la medida de la escasa pertinencia de esta banal medida, que bien pudo, debió ser obviada por carecer de respaldo social.

¿Pero qué necesidad? —inquiriría el egregio Divo de Ciudad Juárez—. Bueno: sí la hay. El tema de la seguridad de los motociclistas, automovilistas y viandantes no es despreciable o cosa menor, pero en los hechos la percepción ciudadana del emprendimiento parlamentario fue de neutral a levemente negativa, aunque entre los usuarios de motocicletas la molestia fue mayúscula. No podemos satanizar a las diputadas de la Comisión pertinente, desde luego, pero sí nos preguntamos qué tanto fue un acto de valentía por un asunto importante y hasta necesario o si más bien fue resultado de una actitud política y legislativa poco sensible a la realidad del estado, inocente y hasta pueril, que no se detuvo a calcular las consecuencias de una decisión que por lo menos no era urgente ni indispensable; que bien hubiese podido tomarse su tiempo para ser enterada a los actores principales del tema, que son los motociclistas.

Decir que es necesario regular el tránsito de este tipo de vehículos y otros afines, por cierto de utilización bastante riesgosa, no deja de ser una perogrullada, pero concientizarlo nos lleva a observar que acaso era menester un trabajo de sensibilización y vulgarización de las motivaciones legislativas de la medida muy amplio e intensivo, cuando en realidad las diputadas ni siquiera dijeron “agua va”, aunque la indiferencia de sus compañeros de legislatura, acaso de manera maliciosa, las dejó aventarse al ruedo y al escarnio, “de a gratis”.

“Tras la aprobación de modificaciones a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que estipula que conductores de motocicletas y sus pasajeros deben usar un casco de seguridad y un chaleco reflectante con el número de placa del vehículo, se generó un fuerte descontento entre los motociclistas”, aunque el desconocimiento de la notable aportación de la nueva normativa al trascendental tema de la seguridad sin duda permite a los más suspicaces observadores suponer paralelamente la erección de un pretexto para sacar ventaja con las movilizaciones consecuentes.

Leemos en una acreditada publicación estatal por internet que “además de exigir calles en buen estado, consideraron que dicha normativa representa una imposición innecesaria, a pesar de que se promete que estos elementos serán proporcionados de forma gratuita”, más el yerro principal seguramente fue la desinformación.

Sigue la nota: “Integrantes de la organización de Motociclistas Unidos de Quintana Roo convocaron a la ciudadanía que posee una motocicleta a manifestarse hoy (ayer) de forma simultánea en Cancún, Chetumal y otros puntos del estado, en contra de la llamada ‘ley chaleco’, que consiste en reformas a la Ley de Movilidad (artículo 218 bis), que impone nuevas obligaciones a los motoristas”.

Que las protestas lleven algo de mala leche no significa que estén del todo injustificadas, pues al menos a los legisladores —en este caso, a las diputadas de la Comisión de Movilidad, Karen Gabriela Secundino Vivas, Maritza Deyanira Basurto Basurto, María José Osorio Rojas, Jissel Castro Marcial y Susana Hurtado Vallejo— no se les pasó siquiera por la cabeza difundir y socializar esa que ya es norma.

Lo contrario tampoco sería cierto, pues la reforma en comento, como dijimos arriba, tiene justificación e intencionalidad positiva más que evidentes, pues sin que se implique perjuicio mayor a la gente abona a favor de la seguridad de los usuarios de los vehículos motorizados a los que se refiere.

Las diputadas Candy Ayuso Achach (PRI), Cinthya Millán Estrella (PAN) y el legislador Julián Ricalde Magaña (independiente) votaron en contra de la iniciativa, señalando falta de claridad en algunas cuestiones, aunque el Morena, el PVEM, el PT y el MAS sumaron 21 votos a favor.

Como sea, una vez más nos quedamos con la impresión de que la XVII Legislatura, en sus postrierías, actuó en total descoordinación y con falta de sentido político, pues el sentir ciudadano les es tan ajeno e incomprensible como el sánscrito antiguo, además de importarles lo que opine la gente lo mismo que la temperatura en la superficie de Marte.