Abogados privados y del Congreso de Estados Unidos esbozan una estrategia legal para contrarrestar la posible decisión del presidente Donald Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), apuntó The Wall Street Journal (WSJ).

En una nota publicada el viernes pasado, el diario indicó que equipos legales expertos en comercio se reúnen de manera informal para construir una estrategia, aunque la mayoría no quiere discutir el asunto públicamente mientras las conversaciones continúan.

Las reuniones suceden luego de reiteradas amenazas de parte de Tump para retirarse del TLCAN, por lo que las conversaciones sobre cómo responder a esta eventualidad han adquirido una nueva urgencia, según los involucrados. De acuerdo con el periódico, los preparativos para desafiar se organizan en torno a la pregunta sobre cuánta autoridad tiene realmente el presidente para eliminar un acuerdo comercial existente.

“Esta es una especie de territorio inexplorado en el que nadie sabe realmente la respuesta”, opinó Warren Maruyama, un ex funcionario de comercio de los ex presidentes Ronald Reagan y George Bush. El diario precisó que Trump, casi con certeza, “enfrentará desafíos legales si toma medidas para rehuir del pacto”, de acuerdo con los abogados.

Estos desafíos legales provendrían particularmente de industrias, como del sector automotriz, que depende del libre comercio en todo el continente. “Veremos a la industria automotriz en la corte el día después de que se envíe la notificación (de retiro del TLCAN), tratando de obtener una orden judicial”, dijo Tim Meyer, profesor de Derecho en la Universidad de Vanderbilt, quien añadió: “Definitivamente veremos a los grupos de la industria en los tribunales con el apoyo total de la Cámara de Comercio de Estados Unidos el día después de que se envíe el aviso”.

La resistencia política contra un retiro del TLCAN ya se ha desarrollado en el Congreso y dentro de los grupos empresariales, destacó el diario. En el Congreso, legisladores de ambos partidos, respaldados por empresas, se opondrían a la decisión.

La Cámara ha llamado a las propuestas de la administración para el TLCAN “altamente peligrosas” y se podría esperar que impugnen cualquier retirada unilateral, apuntó el Journal. Abogados buscan ahora mismo disposiciones legales “de manera desesperada” para construir el argumento de que Trump no puede retirarse del TLCAN de modo unilateral.

Los expertos legales ven dos vías principales para impugnar un retiro: desafiar la capacidad del mandatario de declarar inconstitucional un acuerdo comercial internacional o desafiar su capacidad de revertir una ley aprobada por el Congreso, precisó el diario.

Existen opiniones legales que ven posibilidades de éxito en las dos estrategias, aunque otros consideran que la decisión del presidente finalmente prevalecerá, de acuerdo con la nota. La administración Trump se está quedando sin aliados dentro de su propio país para impulsar su visión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues cada día son más las organizaciones empresariales en Estados Unidos que externan su preocupación a las propuestas de la Casa Blanca. Esta inquietud incluso hizo que organismos empresariales de gran peso en ese país formaran una coalición informal para cabildear en Washington a favor del acuerdo.

El grupo incluye a la Cámara de Comercio de EU (USCC, por sus siglas en inglés), la Coalición de Industrias de Servicios (CSI), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NTFC), la Federación de Oficinas Agrícolas de EU (AFBF) y el Consejo Internacional de Negocios de EU (USCIB), según el sitio especializado Inside Trade. Los líderes acudieron la semana pasada al Congreso para externar su preocupación por las propuestas que ha presentado su gobierno, que perfilan un fracaso del TLCAN. En tanto, la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, que agrupa a más de 200 menudistas, fabricantes y proveedores de Estados Unidos alertó esta semana que el colapso del TLCAN sería una “catástrofe económica”, pues provocaría irrupciones “masivas” en agricultura y manufactura, así como mayores costos para los consumidores de ese país, además de la pérdida de 5 a 7 millones de empleos permanentes.