Fue un circo el proceso para la designación de lo que llanamente llamamos fiscal anticorrupción y peor lo que siguió a la postulación de la terna por parte de la Fiscalía General de Quintana Roo y al ulterior nombramiento de la nueva funcionaria a cargo de la XV Legislatura de Quintana Roo.

Mas no crea el lector que nos disponemos a denunciar corruptelas en el órgano autónomo que hoy por hoy ejerce las funciones de procuración de justicia o tejemanejes en los trabajos de los diputados, sino todo lo contrario: nos avergüenza comprobar que muchos de nuestros abogados, aun los colegiados y líderes gremiales, tienen una estatura cívica que sólo es más pequeña que su capacidad jurídica pero, igual que a esos niños a los que no se les cumplimenta el capricho, les da por hacer berrinches a voz en cuello, pataletas tirados en el suelo y desfiguros para llamar la atención.

Se supone que un abogado, sea cual fuere su rama o campo de trabajo, incluso sin experiencia laboral alguna, debería conocer a la perfección el concepto y valor de un documento determinado; ajeno no le debería resultar al más bisoño de los letrados el valor de una normatividad, como puede ser una lista de requisitos consignados con claridad en un documento, pero a ningún profesional de cualquier área debiera escapar la importancia de cumplir y ser responsable por sí mismo, sin necesidad de que alguien lo lleve de la manita y le corrija la plana como en la primaria para llegar a un fin.

Pues nada: es impresionante el nivel de infantilismo de supuestos abogados que no son capaces de comprender una convocatoria o son tan irresponsables y omisos en su desempeño como para dejar todo al “ahí se va”.

Lo peor es que cuando debieran esconderse sonrojados por no haber llegado ni al grado de parvulitos en su desempeño ante un reto de lo más simple, se atreven a quejarse, a señalar mano negra y a acusar a las autoridades de supuestos chanchullos o acuerdos previos para simular transparencia y justicia.

Aquí y allá en el estado, un puñado de leguleyos –por su comportamiento no demostraron ser licenciados en Derecho– que resultaron descartados ¡por no cumplir los requisitos básicos, tal vez por no saber leer o por negligentes!, quisieron crear un incendio justo en el marco del ceremonial que suele acompañar a cada cumpleaños de un gobierno: en época de informe, pues. No se trata más que de la tan vetusta como insana costumbre de los personajes públicos que, al no obtener lo deseado de los gobiernos, poderes y entidades públicas y con la mentalidad populachera de que “si no gano arrebato”, acusan de fraude, transa y hasta “compló”.

La convocatoria emitida el 24 de agosto, que para empezar estaba encabezada en letras bien grades y negritas con la leyenda “La Fiscalía General del Estado, bajo un procedimiento consultivo no vinculativo” --lo que quiere decir que el órgano y su titular, el fiscal general Miguel Ángel Pech Cen, no estaban obligados a resolver en ningún sentido--, era por demás clara en cada uno de sus puntos. Llamaba a universidades, institutos de investigación, asociaciones y ciudadanía en general a presentar “sus propuestas de personas idóneas y aptas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.

Destacaba que la persona que aspirase a la titularidad de dicha fiscalía debería “ser un ciudadano o ciudadana con probidad y prestigio destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”.

Pero asimismo determinaba, a la letra: “Además deberá cumplir los requisitos establecidos en la presente convocatoria, como lo es ser de nacionalidad mexicana, haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva de al menos 5 años anteriores a la designación, tener al menos 35 años cumplidos, ser licenciado en derecho con título y cédula profesional, estar en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener modo honesto de vivir, no haber sido condenado por delito doloso y no haber sido destituido o inhabilitado como servidor público por resolución firme”.

Por si fuera poco claro lo anterior, la convocatoria de marras indicaba con absoluta claridad la documentación que debería acompañar a cada solicitud: copia de la identificación oficial de la persona física o el documento donde conste su constitución si se tratase de persona moral, curriculum vitae, documentación de soporte curricular --esto suponíamos que todos lo asumían como certificados, constancias de estudio, comprobantes de empleo, diplomas y todo ese tipo de pruebas, pero a la mayoría de los interesados al parecer les enviaron la invitación en sánscrito antiguo, pues no lo entendieron-- y todos los documentos de respaldo de los requisitos mencionados arriba.

En todo momento quedó claro cuáles áreas de la Fiscalía General estarían encargadas de cada proceso hasta que las cédulas llegaran al fiscal Miguel Ángel Pech, siendo él y sólo él quien tomaría la decisión final sobre la terna a presentar al Poder Legislativo.

Si ya de por sí nos parecía increíble que de las 11 personas inscritas una solamente mandó un correo electrónico sin anexos, cinco no acreditaron los requisitos, en general los constitucionales, como la residencia en Quintana Roo o el tiempo mínimo de expedición del título y cédula profesional, con la mayoría no fue mejor.

Como la canción de los perritos, de los 11 que tenía, de los 11 que tenía sólo me quedaban cinco, cinco, cinco, cinco… ¡cinco! ¡Menos de la mitad, entre los cuales se encuentran varios de los quejosos, los que convocaron a los reporteros e hicieron un “chicatto” mitote, se tomaron la molestia de cumplir con lo estipulado.

La terna, cuya definición la ley y la propia convocatoria establecen que es facultad exclusiva del fiscal general, se obtuvo de cinco aspirantes. ¿Existe algo que reprochar en que un maestro en Derecho de larga experiencia judicial, ministerial y académica haya descartado a dos de cinco para establecer la tripleta que se presentó a la XV Legislatura? ¡Por favor! Se puede decir, en rigor, que sólo participaron cinco abogados en la selección, tres fueron elegidos –dos mujeres y un hombre, de Chetumal, Cozumel y Cancún, ¡y hasta de eso se quejaron!– por sus perfiles más adecuados y a dos les tuvieron que decir ¡lástima Margarito!, porque las ternas suelen estar integradas debido a una misteriosa razón sólo por tres elementos.

Tan, tan… ¡y a chillar se ha dicho!

HOMÚNCULOS

Ya había oscurecido. En la oficina del diputado Eduardo Martínez Arcila sólo se escuchaba el escalofriante chisporrotear de unos cirios parecidos a los que se colocan en las cuatro esquinas de un catafalco. En la penumbra apenas se distinguía bajo una túnica el lóbrego rostro de la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos Mayuli Martínez Simón y las siluetas un puñado de fantasmales legisladores apenas se adivinaban por las jaculatorias y conjuros que susurraban en un incomprensible idioma, acaso celta.

Llegado el momento, Eduardo Martínez se levantó, descorrió una desgarrada y grisácea cortinilla y se postró ante un arcón de maderas carcomidas por la polilla y la humedad. Se inclinó con reverencia, musitó algún siniestro salmo y tras un escalofriante chirrido de oxidadas bisagras extrajo un quebradizo pergamino. Al levantarse, el pálido rostro se iluminó por una centella revelando una macabra sonrisa. Dijo así, con voz de ultratumba, a sus cófrades: “Hermanos y hermanas: el Jefe ya ordenó que tiene que ser Rosaura, así que ahora la nombramos a hue… interrumpió venida de lontananza una carcajada infernal del fiscal Pech. –Y ahora, ¿quién invita los taquitos en el bule o de perdida las burguers en McDonalds? ¡Me muero de hambre!”, exclamó Arcila, y todos se subieron a la Suburban.

En serio: para morirse de la risa. Era evidente que el chantaje y la manipulación no iban a funcionar. La terna llegó a la XV Legislatura y en la máxima tribuna del estado el proceso igual estuvo apegado a la legalidad y al principio de transparencia. Las críticas llovían, el “sospechosismo” cundía, pero la nueva fiscal, sobrada de méritos, terminó viendo el humo blanco allá en el tenebroso castillo de Punta Estrella.

HELADA MADRINA

Hace dos días el Pleno de la XV Legislatura eligió por unanimidad a Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien durante los próximos siete años se encargará de investigar y perseguir delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier delito cometido por un servidor público en el desempeño de su función.

“Estoy comprometida y decidida –cita el comunicado oficial a la flamante fiscal– a prevenir, detectar, disuadir, investigar y ejercer acción penal para sancionar con la mayor eficacia los actos y omisiones cometidas por los servidores públicos del estado de Quintana Roo, respetando sus derechos humanos, pero sin fallarle a nuestro pueblo que quiere volver a confiar en las autoridades”.

Villanueva Arzápalo es licenciada en derecho por la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), maestra en derecho y doctorante en derecho penal por el Centro de Estudios de Posgrado.

Fue directora jurídica y de Desarrollo Social del ayuntamiento de Cozumel, integrante del equipo de recepción del gobierno del estado en los ejes de seguridad y gobernanza, y desde el 15 de enero de 2017 era vicefiscal general del estado.

Así concluye el comunicado, y esperamos que también la fútil grilla de abogados que ni siquiera saben leer, pero se sienten merecedores de la gloria.