Por increíble que parezca, los taxistas de Playa del Carmen y de Cancún, en su ilegal y necia negativa a permitir la operación de las plataformas digitales y otros permisionarios, están volviendo a las actitudes del todo ilegales y violentas de hace alrededor de un año. Bastaría con el uso ilegítimo de la fuerza, con independencia del estatus de sus víctimas, para aplicarles todo el rigor de la ley según la magnitud de sus felonías, así merecieran cárcel o simplemente se considerasen faltas administrativas, pero además deberían ser privados inmisericorde y ejemplarmente de sus respectivas concesiones, permisos y licencias para la operación de vehículos de alquiler, incluyendo en las sanciones por igual a propietarios que a "martillos", sindicalizados o no.

De manera similar, al interior de los gobiernos, las autoridades que permiten y —se sospecha— hasta alientan dichas conductas deberían ser no solo reprendidas, sino separadas de sus cargos, toda vez que en la mayoría de los casos se trata de funcionarios que ya hace alrededor de un año permitieron, toleraron y hasta justificaron —lo cual es una manera de alentar, para ser claros— este tipo de acciones, muchas de las cuales bien pudieran ser calificadas como delitos, pero por el solo hecho de afectar a la libre circulación de la ciudadanía, entre residentes y visitantes, y de proyectar una imagen escandalosamente nociva para la imagen de nuestras ciudades y destinos turísticos, valor agregado inseparable del éxito de nuestra principal actividad económica, ameritan una rigurosa respuesta.

De los gorilas al volante, con solo ver las imágenes pletóricas de violencia arbitraria y violaciones a todas las normas atinentes seguro bastaría para hacerlos merecedores a penas diversas, desde multas hasta eventualmente encarcelamiento, pero a las autoridades, entre legislativas, ejecutivas y judiciales que los prohíjan y hasta parecen alentarlos con sus juicios, declaraciones, actos y omisiones parece que no hay quien las ponga en su lugar y les retire sus privilegios burocráticos: por más enfática que ha sido la gobernadora Mara Lezama Espinosa en que no se debe tolerar las actitudes rijosas de estos "trabajadores" del volante —monarcas de las calles, sería más exacto— parecen no entender y persisten en hacerse los que la virgen les habla, cuando de las faltas y delitos que se cometen sobran evidencias irrecusables, amén de las órdenes precisas de la mandataria, que ya bastante los ha tolerado.

El diputado local por el Distrito 1, Julián Ricalde Magaña, expresó ayer a través del moribundo Twitter —donde fue compartido el video de un alevoso ataque de los taxistas en el hotel Vidanta de la Riviera Maya contra una camioneta de transporte que suponemos legal y en orden, mas aunque no lo fuera ello no obstaría para respetar y hacer respetar las leyes—, su indignación por lo sucedido y la exigencia de la inmediata actuación de las autoridades, expresada —eso sí— con el respeto y consideración que le muestra a su líder estatal, la gobernadora Lezama.

"Es inaceptable que la ciudadanía y los turistas sigan siendo rehenes de los taxistas, se debe poner mano dura contra todo aquel que atenta contra la imagen del destino, de la cual (…) muchas familias cancunenses y quintanarroenses dependen. Debemos tomar acciones firmes y asegurarnos de que haya consecuencias claras para quienes incurren en actos de violencia". Más clara ni el agua. Si no se dan dichas "consecuencias claras" contra los ruleteros enardecidos, a las que alude el legislador, que sabe muy bien del asunto pues fue presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), como ha sucedido frecuentemente en el acaecer del conflicto taxista, en un intento por privilegiar o por lo menos intentar primero la vía política, el conflicto pudiera llegar a escalar sus dimensiones, pues aquellos seguramente confundirán la tolerancia con ausencia y la inacción con permisividad, pues su actitud no es muy diferente al de una recua y en general responden a la comprensión gubernamental con actitudes cada vez más beligerantes y contrarias a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, residentes y turistas.

La puesta a punto de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo —que derivó en las reformas correspondientes al decreto del 28 de abril de este año— estableció con toda claridad las reglas del juego para las llamadas plataformas digitales, y corresponde a las autoridades —y solo a ellas— velar por que se cumplan, responsabilidad que de ninguna manera puede recaer en los operadores de los mal llamados sindicatos de taxistas, pero corresponde también a estas entidades velar por que los concesionarios cumplan con esta y las demás normas, y actuar aplicando las sanciones respectivas, en lo administrativo y/o penal, sin descartar la revocación de las concesiones, que no son patentes de corso.

Pero desde los legisladores que integran la Comisión de Movilidad de la XVII Legislatura, que preside el feble diputado José María Chacón Chablé, hasta el órgano ad hoc del gobierno estatal, desde los inicios del conflicto han demostrado afinidad y simpatía por los gremios taxistas, en los que en mayor o menor medida tienen reconocidos intereses, que solo pusieron a un lado ante la llamada de atención de la gobernadora, por lo que hay que revisar con lupa sus actuaciones ante la reactivación de las acciones ilícitas de los choferes y confiar en que Mara Lezama, de nuevo, pondrá orden.

Mucho ojo.