Ya sea por ignorancia o valema…, el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la veda electoral durante la conferencia matutina ofrecida a toda la nación desde la zona continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.

La frase “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ha sido declarada por López Obrador en reiteradas ocasiones, como en la “mañanera” del 31 de enero de 2019, pero en esta ocasión tuvo un descuido o se le olvidó a propósito. 

Pues fue dentro de ese marco, que el presidente anunció importantes obras en Cancún, Isla Mujeres, Tulum, y remató recordando que en diciembre del 2023 se concluirá su obra emblemática: el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum. 

Y no sólo eso, sino que además habló de los montos de inversión; y no sólo eso, sino que además desglosó la procedencia del recurso, como los 10 mil millones de pesos que se inyectarán en cuatro obras monumentales, de los cuales, el 70 por ciento provienen de su gobierno federal y, el otro 30 por ciento, del estatal.  

Si bien son obras que son bienvenidas y necesarias para el estado, simplemente no era ni el momento ni el lugar apropiado para cacarearlas. 

Y es que Quintana Roo actualmente se encuentra inmerso en un proceso de transición histórico; un proceso electoral en el que se habrá de elegir al próximo titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Legislativo, ni más ni menos. 

Y por si el presidente no se acuerda: dicho proceso comicial está regido por leyes estrictas, incluyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y una cosa medio rara que se llama Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

La constitución federal, en su Artículo 41, apartado “C”, claramente señala que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 

Aquí en la entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en su Artículo 293, señala prácticamente lo mismo, pero añade: “Dichos servidores públicos deberán abstenerse de utilizar nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada de servidores públicos con las excepciones previstas en el presente artículo”. 

El objetivo de estas leyes es evitar que los gobernantes y sus gobiernos incidan en la deliberación del voto de la ciudadanía, por eso el INE le exigió a AMLO eliminar conferencias matutinas transmitidas durante la revocación de mandato.

La veda electoral inició en Quintana Roo el tres de abril, y concluye hasta el seis de junio, al día siguiente de la jornada electoral, pero nadie se lo dijo al presidente. 

¿Algún partido promoverá una queja ante el INE?