La noche de este lunes, las autoridades estatales atendieron a trabajadores los colegios de bachilleres de Quintana Roo que amenazaban con paro laboral, cuyo origen de inconformidad se remonta desde la gestión de José del Ángel Arjona Carrasco, que a pesar de ser irregular, generalizó una serie de pagos que estaban reservados para empleados sindicales.

Cerca de las 9:30 de la noche, se confirmó que tras una reunión entre autoridades de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Educación y representantes de los trabajadores de confianza, se llegó a acuerdos.

De esta manera, se suspenden las manifestaciones y el bloqueo a la Dirección General de Bachilleres, con lo cual se espera que alrededor de 18 mil estudiantes reciban de manera habitual las clases.

“Ya hablamos con nuestros compañeros sindicalizados y nos van a apoyar, cerrándose las escuelas en toda la entidad”,

declaraba en la mañana Manuel Jesús Cetina Cetina, uno de los representantes de los inconformes, aunque el Sindicato de Trabajadores nunca se sumó a la protesta.

Los pagos que exigen tienen que ver con bonos de puntualidad, prima de antigüedad y vacacional, aumento de sueldo y de prima vacacional de Semana Santa. También bonos del día de la Madre, del Padre, del Maestro, Navidad y Útiles Escolares.

En su oportunidad, Ricardo Sánchez Hau, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, puntualizó que era imposible cumplir con estas exigencias, toda vez que los casi 20 millones de pesos que solicitan como pago de prestaciones no están integradas en el convenio de colaboración con la Federación, y por tanto no se cuenta con los recursos para atenderlas.

“Ningún otro trabajador de confianza del Gobierno del Estado tiene esas prestaciones y bonos que ellos exigen, y dada la situación crítica de las finanzas estatales, por los embates del Covid-19, nos vemos imposibilitados a cumplir con todas sus peticiones”, puntualizó.

Arjona Carrasco: el origen del problema

Durante su encargo como responsable del Colegio de Bachilleres, en el período 2004-2009, José del Ángel Arjona Carrasco, comenzó la implementación de una serie de pagos irregulares con recursos federales a trabajadores de confianza y que correspondían exclusivamente a empleados de base. Hoy, varios años después el ex funcionario felixista y borgista, aprovecha la inconformidad de trabajadores como un reflector para las campañas políticas en las que participa como candidato a una diputación plurinominal. La cuarta posición en la lista del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La gestión del ex funcionario fue duramente cuestionada, porque en aquella ocasión los pagos, bonos y compensaciones alcanzaron incluso a secretarias que llegaban a ganar hasta 40 mil pesos. A final de 2016, la administración estatal dejó de hacer los pagos, porque se trataba de recursos federales que estaban etiquetados para otros conceptos