Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Los más de 400 afectados de las cajas de seguridad que han firmado por recomendación del diputado José Luis Toledo Medina, corren el riesgo de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), los investigue, pues con ello autorizan a la autoridad a poder hacerlo. Sin embargo, si se amparan en contra de la apertura, aún con la orden de cateo concedida por un Juez de Distrito a la Seido, si la autoridad abre las cajas amparadas, comete un delito.

En el caso de los amparos contra el traslado de los valores resguardados en esas cajas, el fondo no cambia, porque aquí o en la Ciudad de México abrirán las cajas y violentan los derechos de las personas que no están bajo ninguna investigación.

El pasado miércoles Alonso Israel Lira Salas, titular de la Seido, dijo a medios nacionales que las cajas habían sido abiertas y que continuarían las indagatorias con la descripción de cada objeto para su identificación con video y fotografías para garantizar que todas las personas puedan recuperar sus pertenencias siempre y cuando no estén relacionadas con las investigaciones.

También dijo que acordó con legisladores y clientes de la citada empresa que se hiciera una lista de personas que por cuestiones excepcionales (salud y negocios) requerían de artículos y documentos ahí contenidos, para atenderlos a la brevedad.

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“El hecho de que le digas a la Seido me urge abrir la caja porque tengo necesidad de mi pasaporte o visa, lo que surge es que si hay otros bienes estos tendrán que demostrar la propiedad sobre todo si se trata de dinero, y quienes no demuestren la documentación de lo que ahí esté, podrían tener consecuencias legales”, comentó Alejandro Betancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes.

Desde que se creó la Seido antes Siedo se le dio amplias facultades irrestrictas que no tienen límite, como el caso de los testigos protegidos, so pretexto de delincuencia organizada, y eso no da garantías de defensa al ciudadano.

Para ellos es muy fácil acusar, se hacen a un lado los derechos humanos de las personas y la presunción de inocencia no vale, porque la misma Ley contra la Delincuencia Organizada lo establece, y aquí no vale el Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo.

El litigante sugirió paciencia y cautela a las personas y sobre todo no dejarse engañar por abogados, es correcto que den batalla por la vía constitucional en defensa de sus bienes, pero ahí lo mejor es hablar con el Poder Legislativo para que atienda de fondo la actuación de la Seido, porque mañana se podrán ir en contra de las famosas bodegas rentadas y hacer lo mismo que en FNS, porque eso significa que pueden llegar a la casa de las personas y no hay defensa contra ellos.

Ahora nos vamos a amparar en contra del traslado de nuestros valores a la Ciudad de México, porque el de apertura de las cajas ya fue”, indicó una de las entrevistadas, que desea recuperar sus bienes.

Los afectados que son abogados orientan a las personas que tienen el mismo problema para que interpongan sus respectivos amparos, luego que detectaron el abuso de algunos colegas que han cobrado por ese servicio de 40 a 100 mil pesos.

Un amparo de machote tiene un costo de 500 pesos, pero cuando el despacho los documenta muy bien, luego de estudiar el caso puede llegar a los 35 mil pesos. Por lo que los abogados que apoyarán sólo cobrarán de mil 500 a dos mil pesos que es el costo de las copias que se requieren para el trámite.

Ante la desesperación de evitar que la Seido se lleve sus valores a la Ciudad de México, los clientes de FNS han propuesto a la autoridad apoyar con la cobertura de gastos de traslado y alimentos de 20 peritos que vengan a Cancún para agilizar el trabajo de los que ya están aquí, porque con el personal que hoy labora en la diligencia podrían tardar hasta un año, sin embargo es una violación a sus derechos porque no son personas objeto de la investigación.