Eva Murillo/SIPSE
CANCÚN, Quintana Roo.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ), así como padres de Familia ven necesario implementar de nueva cuenta el “Operativo Mochila”, el cual dejó de realizarse tras una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerarlo violatorio de las garantías individuales de los estudiantes.

Sin embargo, esta Comisión en Quintana Roo reconoció que no se opone a la revisión de las  pertenencias de los jóvenes, siempre y cuando haya homologación  en los criterios de aplicación.

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La puesta en marcha este operativo en Quintana Roo está en la mesa de análisis por el comisionado estatal Contra las Adicciones, Francisco José Boneta Hurtado, pero esta vez buscan que haya participación de los padres de familia, observadores de la CEDH y profesores.

“Es una medida que nos refuerza, porque los jóvenes están en formación de carácter, códigos morales y éticos; además, los estereotipos, presiones sociales y la economía hacen que perdamos fuerza como padres de familia y como institución educativa, el ‘Operativo Mochila’ nos refuerza y nos ayuda a ir de la mano”, dijo.

Adelantó que a través de los Consejos municipales y estatal Contra las Adicciones abordan el tema de revisar las mochilas, el cual, aseguró, está por operar otra vez, pues Seguridad Pública Estatal respalda la iniciativa.

Raúl Lara, presidente de la Sociedad de Padres de Familia en Benito Juárez informó que tres planteles han pedido su intervención para que el Operativo Mochila llegue a sus aulas; sin embargo, no ha hallado respuesta en las autoridades educativas.

“Sería excelente, ya se han hecho muchas invitaciones pero hay cero apertura, aplaudo la decisión de quien lo solicita, ya se han atrasado”, resaltó.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo aseguró que no se opone a la realización de este programa, siempre y cuando se observen los derechos humanos en general, y en particular del marco normativo de la Ley General y del Estado de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para tomar en cuenta el interés superior de la infancia, el respeto a su derechos como a la intimidad, a ser escuchados y tomados en cuenta su participación activa, pero sobre todo, el derecho a que las instituciones de gobierno garanticen su seguridad e integridad personal.