Víctor Hugo Michel/Rogelio Agustín Esteban/Milenio
APAXTLA, Gro.- Al alcalde de Apaxtla, Efraín Peña Damacio, no le preocupan los reportes de inteligencia federal que lo vinculan con el crimen organizado, a mayor detalle Guerreros Unidos. No le preocupan porque dice que no son ciertos y que en su caso debe haber un error por parte de los espías y analistas del gobierno mexicano, ya que él no está en la nómina de cártel alguno ni, mucho menos, es un José Luis Abarca en potencia.

“El que nada debe, nada teme”, asegura. “Yo no tengo por qué correr.”

E invita: “¡Que me investiguen!”

Y advierte: “¡A donde me citen voy!”

Además de tener un alcalde del que se desconfía abiertamente en las agencias de inteligencia del gobierno federal (“12 alcaldes de Guerrero bajo lupa antinarco”, MILENIO, 17/11/2014), muchas otras cosas son hoy anormales, que no atípicas, en el municipio de Apaxtla, una población hacia el norte del estado, en una zona caliente que ha vivido bajo la sombra del crimen organizado desde hace varios años. Primero dominaba La Familia Michoacana, luego Guerreros Unidos y últimamente Los Granados han buscado sentar sus reales en el área.

Para empezar, no hay policía municipal porque, por alguna razón, los últimos elementos que quedaban huyeron a finales de octubre, al enterarse de que venía el Ejército a encargarse de la seguridad del municipio. Casi como entraron los soldados, los policías salieron por el otro lado del pueblo.

Nadie ha vuelto a saber de ellos y en su escape han dejado más dudas que certezas, una de ellas ineludible: ¿por qué abandonaron sus empleos de golpe al llegar los verdes?

Para continuar, hay acusaciones con nombre y apellido en contra de Peña Damacio, a quien sus detractores lo señalan de secuestrador y torturador, entre otros delitos.

Para seguir, las desapariciones de ciudadanos no se han detenido, pese a la lucha casi heroica de las autodefensas locales del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) en contra de sicarios, extorsionadores y secuestradores. 

Una manta en la plaza principal que fue colgada a principios de noviembre reza: “Exigimos al gobierno federal: busquen y encuentren a los desaparecidos de Apaxtla”. 

Contiene los nombres de 12 personas, víctimas de levantones en un periodo que va desde 2006 hasta 2014. El último de los apaxtlenses del que no se tiene rastro es Feliciano Corrales. No se sabe de él desde septiembre pasado.

Al lado, en uno de los muros de la plazoleta, hay otro cartelón que pide a la ciudadanía sumarse a las autodefensas, ante el permanente riesgo de que la delincuencia organizada decida lanzarse a la reconquista del municipio: “se solicita sangre tipo Castrejón para las filas del MAAC”, ironiza.

A lo anterior se añade que desde hace cinco días el presidente municipal está despachando en una nevería en el centro del pueblo y no puede ir a su oficina porque está tomada por tres de los cuatro regidores del cabildo (una de ellas del PRD, su propio partido), que se han declarado en abierta rebeldía y le exigen solicite licencia para que esclarezca si tiene relaciones con la delincuencia organizada.

A decir de los regidores que piden su renuncia, hay varios antecedentes que ponen a Peña Damacio en la mira y que lo pintan como un empresario que, por lo menos, se enriqueció a costa del erario y caminó en la ilegalidad:

• En 2013 policías municipales fueron detenidos por agentes estatales. Los acusaron de llevar granadas de fragmentación y armas de uso exclusivo del Ejército. El alcalde dice que se las sembraron. Desde entonces, la policía estatal no tiene permitido el acceso a Apaxtla.
• Dos patrullas adquiridas por el presidente municipal con fondos públicos fueron confiscadas por la policía estatal. Eran, supuestamente, autos robados.
• Dos de tres sementales enviados por el gobierno de Guerrero para aumentar los hatos ganaderos de la zona no aparecen.
• Camiones de volteo que fueron entregados por el gobierno estatal al municipio desaparecieron y, dicen los críticos del alcalde, ahora son utilizados por una de sus empresas privadas.

“Lo único que pedimos es que el presidente municipal pida licencia para que se le investigue bien en todos los aspectos, tanto en la PGR por sus supuestas ligas con criminales como por su enriquecimiento ilícito”, dice Nohemí Pineda, regidora de educación del PRD, hoy instalada en un plantón a las afueras de la presidencia municipal. La acompañan dos regidores de Movimiento Ciudadano. 

Eso —pedir licencia— está fuera de toda posibilidad, responde Peña Damacio, quien sostiene que si lo acusan, tienen que probarle que los delitos son reales y no solo denuncias sin sustento. “¡Nada de lo que dicen es cierto, solo quieren llevar agua a su molino políticamente!”, reclama.

Pero la certeza de que ninguna de esas acusaciones es verdadera no la comparte el excandidato del PRI a la presidencia municipal y rival de Peña Damacio, Marcelo Ávila. Contendió contra el hoy alcalde en las elecciones de 2012 y justo el día de su cierre de campaña dice haber recibido un mensaje por teléfono: “te va a cargar la chingada”.

Eso sucedió. “A mí me amenazó gente del que ahora es el presidente municipal. Él sabía que yo iba a ganarle y que iba arriba en las encuestas. Cerré el 23 de junio y el 25 Peña Damacio me mandó levantar. Me golpearon y me llevaron a un lugar en donde nos tenían a más de 100 secuestrados. Había de todo, entre niños, mujeres, ancianitas y jóvenes. Si viera: todo el tiempo que me tuvieron ahí era un lamento, de gente llorando.”

Mientras va narrando los detalles de su secuestro y posterior liberación tras varios días en cautiverio, Ávila muestra fotografías de cómo quedó su cuerpo. Son imágenes de moretones en las costillas y cicatrices en las muñecas. Puede presumirse que fueron atadas.

Peña Damacio también encara esa acusación. “Mire, Marcelo fue candidato del PRI y efectivamente, al señor lo levantaron, pero lo levantaron seguramente por las cosas que él hacía. Y ahora lo dice de nuevo porque quiere volver a contender por la presidencia municipal”, dijo.

¿Quién tiene la razón? ¿El alcalde o sus detractores? Los elementos  están ahí para que cada quien forme su juicio. El alcalde al que sus críticos —y la inteligencia federal— acusan de colaborar con el narco, se muestra confiado. Tanto, que exige al Cisen que lo investigue en persona.

“¡No tengo problema: hagan sus investigaciones! ¿A dónde quieren que vaya?”, reclama.

Y reta.