Piden investigar a 42 funcionarios por fosas en Tetelcingo

La CNDH realiza una recomendación a la Fiscalía de Morelos. Familiares piden que el Gobernador ofrezca una disculpa pública.

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La CNDH pidió al gobernador Graco Ramirez girar instrucciones para que los familiares de las víctimas del entierro irregular ya identificados (cuatro), reciban atención médica y psicológica integral. (Milenio)
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Mónica García y David Monroy/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO y MORELOS.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se investigue a 42 funcionarios de Morelos por la inhumación irregular de 119 cadáveres en dos fosas en la comunidad de Tetelcingo, en Morelos, a los cuales se les dio un "trato poco digno".

Al presentar la Recomendación 48/2016 relativa al caso, el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, detalló que los cadáveres inhumanos en Tetelcingo fueron colocados en las fosas de forma irregular, y en "condiciones de clandestinidad como lo hace el crimen organizado", ya que no corresponden a los protocolos.

Dijo que en 44 casos se advirtieron indicios de muertes violentas y que en 15 de las carpetas de investigación iniciadas no hay registro de necropsia a los cadáveres previo a su inhumación.

La CNDH hizo recomendaciones al gobernador Graco Ramírez, al fiscal Javier Pérez Durón y al Ayuntamiento de Cuautla, cabecera municipal del poblado de Tetelcingo y responsable de los panteones de la localidad, con el fin de resarcir las ilegalidades cometidas con los cuerpos, pero sobre todo, para reparar el daño cometido contra la dignidad de los familiares de las víctimas.

Los cadáveres en Tetelcingo fueron colocados en las fosas en 'condiciones de clandestinidad'

La recomendación se basa en las irregularidades denunciadas y posteriormente encontradas durante la exhumación de los 119 cadáveres, -realizada entre el 23 de mayo y el tres de junio pasados, en un panteón de la localidad de Tetelcingo, lo que ameritó la intervención de autoridades federales y estatales para salvaguardar la dignidad de las víctimas y los derechos de sus familiares.

La CNDH pidió al gobernador Graco Ramirez generar las instrucciones correspondientes para que los familiares de las víctimas del entierro irregular ya identificados (cuatro), reciban atención médica y psicológica integral, pero también que reciban una compensación o indemnización económica "tomando en cuenta la gravedad de los hechos", y envíe a la CNDH las constancias de que se cumplió con la recomendación.

Además, pide al ejecutivo estatal gire las instrucciones correspondientes para –en seis meses- se recabe toda la información sobre la existencia en Morelos de los terrenos, "donde se presuma que está siendo utilizados como panteón irregular, (...) y en caso de existir (estos espacios) resguardar la zona" y elaborar un calendario para que se exhume y se recolecten datos para identificar" los cuerpos que ahí se encuentren.

En la recomendación, también se pide al fiscal Javier Pérez Durón se inscriba a los familiares directos de las victimas de Tetelcingo, en el Registro Único de Víctimas del estado para que tengan acceso al fondo económico destinado.

Pondera –además- la obligatoriedad moral de la FGE para que se realice una disculpa pública a las víctimas y que colabore con la CNDH en la investigación que se realiza para conocer los delitos que se cometieron así como en la denuncia que se realizará contra los responsables.

A las autoridades locales pidió dar a conocer los oficios que dieron origen al entierro irregular en Tetelcingo.

La recomendación también incluye recomendaciones de carácter administrativo al Ayuntamiento de Cuautla para que ponga en orden su reglamento de panteones, y realice una investigación para saber si existen otros predios con fosas o entierros comunes como el de Tetelcingo.

Familiares, inconformes con recomendaciones

Familiares de una de las víctimas presentes en la conferencia mostraron su inconformidad con las recomendaciones, ya que, dijeron, son insuficientes y reprocharon que no sea el gobernador de Morelos a quien se le exija la disculpa.

Reprocharon que al fiscal involucrado en estos hechos, Rodrigo Dorantes, se le haya "premiado" nombrándolo delegado de la PGR en Durango.

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