Rogelio Agustín Esteban/Milenio
GUERRERO, Mich.- Un día antes del 'levantón' que derivó en su asesinato, los tres líderes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, Guerrero, comparecieron ante la Fiscalía Regional-Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado para presentar una denuncia de hechos, en la que anticiparon la posibilidad de sufrir un atentado y responsabilizaron directamente al presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.

Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Martínez y Rafael Barajas presentaron la denuncia la tarde del pasado 29 de mayo ante el agente del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Hidalgo, ubicado en la cabecera municipal de Iguala.

En el texto se señala también como presuntos responsables a la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, y al jefe de la policía local, Felipe Flores Velázquez.

Los dirigentes relataron al MP los desencuentros que durante varias semanas sostuvieron con Abarca Velázquez, en el contexto de la lucha por la obtención de fertilizante para los productores del campo, pertenecientes a la UP, además de la inclusión en programas para el mejoramiento de viviendas, obras públicas y financiamiento de proyectos productivos.

Con las protestas que precedieron a su levantón y homicidio, los luchadores sociales exigían el cese de 21 familiares del alcalde incorporados en el gobierno municipal.

El alcalde reconoció la práctica del nepotismo en su gobierno, pero aclaró que no era en la proporción denunciada por la UP: “Son solo cuatro casos. Están ahí para que la gente no se robe el dinero del gobierno local”.

Comparecencia

“Estamos compareciendo ante esta agencia investigadora para que analice y realice las investigaciones necesarias, con el fin de evitar que se pueda registrar un hecho delictuoso más grave, donde algunos integrantes de la Unidad Popular pudiesen perder incluso la vida propia”, se señala en la denuncia.

“Tenemos el temor fundado de que José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de la UP”, detallaron.

Después narraron varias reuniones que terminaron sin acuerdos, describen el ambiente tenso de las mismas y la expresión de hartazgo del edil, aunque no se menciona textualmente alguna amenaza directa; presentaron la querella fundamentándola solo en sus percepciones personales.

Un día después de que comparecieron ante el MP, los dirigentes encabezaron una jornada de protestas en la caseta de cobro de la autopista Iguala-Cuernavaca, donde no obtuvieron ningún compromiso concreto.

Sin acuerdos, regresaron a la cabecera municipal de Iguala, donde radicaba la mayoría de los participantes.

Hernández Cardona, principal dirigente de la UP, se quedó a la zaga para garantizar que la mayoría de sus compañeros regresaran con bien a la ciudad.

Con él aguardaron Ángel Román Martínez y Rafael Banderas Román, además de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón.

Planeban ratificar denuncia

Iban a bordo de la camioneta de Arturo y antes de despedirse del resto de los manifestantes, acordaron verse el 31 de mayo para ratificar la denuncia de hechos ante el MP, quedaron de encontrarse en la oficina de la Unión Campesina Emiliano Zapata, ubicada en el centro de la ciudad, pero la noche del 30 Hernández Cardona y sus acompañantes fueron interceptados por hombres armados y no se les volvió a ver.

La denuncia sobre la desaparición de los ocho activistas se dio a conocer en una conferencia la tarde del 31 de mayo.

El 1 de junio apareció abandonada la camioneta Honda Pilot, blanca, propiedad de Arturo Hernández, en la salida hacia el municipio de Cocula y tenía el cristal de la puerta derecha roto.

El 3 de junio, cerca de la comunidad de Xalitla, fueron hallados los cadáveres de Arturo Hernández, Ángel Román y Rafael Banderas. Esa mañana, Arroyo Delgado, uno de los levantados, se comunicó con el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez Cruz, y le confirmó que había escapado de sus captores junto con otros tres dirigentes de la UP.

“Al primero que mataron fue al ingeniero Arturo, lo golpearon durante varias horas y al final le dieron de balazos, yo ya me voy de Iguala porque me quieren matar”, dijo Arroyo Delgado.

La versión fue confirmada en las instalaciones del Servicio Médico Forense, cuando familiares y compañeros de las víctimas comprobaron que mientras el cuerpo de Hernández ya presentaba señales de descomposición, los otros dos estaban todavía intactos.

Móvil político

Aunque no hace un señalamiento directo, la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza Martínez, sostiene que si bien el crimen se lo adjudica un grupo del crimen organizado conocido como Los Rojos, posible ramificación de lo que fue el cártel de los Beltrán Leyva, éstos actuaron bajo una orden de tipo político.

El gobierno estatal, a través del titular de la procuraduría estatal, refiere que no se descartará ninguna línea de investigación, para identificar a los responsables, ubicarlos y detenerlos.

El dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, sostiene que sí debe investigarse al presidente municipal para llegar a la verdad de los hechos.

En tanto, el palacio municipal sigue tomado por dirigentes de la UP, que de los muros colgaron el retrato del alcalde en el que se lee: “Se busca por asesino”.