Agencias
DES MOINES, Iowa.- Pocos días después de sufrir graves lesiones en un accidente vial, Jacinto Cruz y José Rodríguez Saldana yacían inconscientes en un hospital de Iowa, mientras el sistema de salud estadunidense decidía qué hacer con estos dos inmigrantes mexicanos.

Los hombres tenían su seguro médico por medio de sus empleos en una empacadora de carne, pero ninguno tenía autorización para estar en Estados Unidos y no quedaba del todo claro si el seguro cubriría los elevados costos de la rehabilitación.

El Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines decidió entonces actuar por su propia cuenta: Tras consultar con las familias de los pacientes, discretamente trasladó a los mexicanos, ambos en estado de coma, a un avión privado que los llevó a México, en efecto, deportándolos sin consultar con autoridad judicial ni ejecutiva alguna.

Cuando los pacientes se despertaron, estaban a más de 2,900 kilómetros de distancia, en un hospital de Veracruz.

"Dicen que no debemos estar pagando por los indocumentados"

Cientos de inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos han vivido experiencias similares, a manos de un sistema de remoción de personas que no depende de un gobierno federal, sino de un sistema de hospitales que tratan de reducir gastos.

Un reporte reciente, realizado por grupos de defensa de inmigrantes, intentó dar con la cifra exacta de cuántos inmigrantes son enviados de regreso a sus países, y llegó a la conclusión de que por lo menos 600 fueron expulsados en un periodo de cinco años, aunque se estima que son más.

En entrevistas con inmigrantes, sus familiares, abogados y activistas, la AP estudió lo que se describe oficialmente como "repatriaciones médicas", un proceso en el que los hospitales pueden colocar a pacientes en vuelos fletados, aun cuando están inconscientes. Los hospitales por lo general pagan el costo de los vuelos.

"El problema es que todo está ocurriendo en una especie de hoyo negro jurídico, no hay registro de nada", dijo la profesora de derecho Lori Nessel, directora del Centro para la Justicia Social de la Escuela de Derecho Seton Hall, que ofrece asistencia legal gratis para los inmigrantes.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes sin papales temen que los hospitales ahora amplíen su política, debido a la nueva reforma de la ley de atención médica, que contempla profundas reducciones en los pagos que reciben los hospitales que atienden a personas sin seguro médico.

Ejecutivos de empresas médicas confiesan que están en un dilema, entre la promesa de prestar atención a los necesitados y la batalla política para combatir la inmigración ilegal.

"Realmente nos pone en un dilema", declara el doctor Mark Purtle, vicepresidente encargado de asuntos médicos del Sistema Médico de Iowa, que abarca al Centro Médico Metodista de Iowa. "Hay gente en el gobierno federal, el estado, todos, que dicen que no debemos estar pagando por los indocumentados".

Las autoridades nacionales y estatales no quieren cubrir esos costos, dijo el doctor Mark Purtle, vicepresidente encargado de asuntos médicos del Sistema Médico de Iowa, que abarca al Centro Médico Metodista de Iowa.

Por ley, todos los hospitales tienen la obligación de recibir a todo paciente que necesite atención de emergencia, aun cuando no tengan recursos para pagar e independientemente de su status legal. Pero una vez que el paciente queda estable, la obligación desaparece.

Muchos inmigrantes que carecen de permiso para residir en el país no tienen derecho al Medicaid, el programa estatal de asistencia para los pobres.