Ignacio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.-  La política de drogas prohibicionista del gobierno federal careció de enfoque integral y registró deficiencias en la administración anterior, revela un análisis de Gabriel Purón-Cid, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el documento se precisa que solo tres de cada 10 pesos del gasto asignado a ese rubro se utilizaron para prevención, tratamiento (de adictos) y derechos humanos.

Los rubros de “ley y orden” recibieron 790 mil 353.7 millones de pesos, es decir, 97.07 por ciento del total asignado a la política de drogas, mientras prevención, tratamiento y derechos humanos tuvieron solo 23 mil 679 millones de pesos, que equivalen a 2.91 por ciento.

El investigador advierte que esa estrategia va contra las recomendaciones de organismos internacionales como el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

De acuerdo con el diagnóstico “El impacto presupuestario de una política de drogas prohibicionista (2006-2012)”, el gobierno mexicano define este fenómeno como asunto de seguridad pública, seguridad nacional y judicial.

“Por tanto, la prioridad de la política de drogas en México es prohibicionista, regulatoria y concentrada en aspectos judicial y de seguridad pública”, establece en su análisis el doctor en administración pública del Colegio Rockefeller de la Universidad de Albany, en Nueva York.

Purón-Cid sostiene que el gasto se inclinó al fortalecimiento de los aspectos de ley y orden, “con un descuido importante en las otras dimensiones de política de drogas (prevención, tratamiento, derechos humanos, de salud y medio ambiente)”.

El investigador refiere que, en promedio, el gasto en esa estrategia, excepto salud y medio ambiente, ha representado cinco por ciento del total del presupuesto en el periodo 2006-2012.

Destaca que ese nivel de recursos supera el ejercido por varias secretarías juntas, como Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Trabajo, Reforma Agraria, Energía, Turismo, Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Presidencia.

Purón-Cid indica que la mayor parte del presupuesto de la política antidrogas se concentra en gasto corriente, pues 90.47 por ciento es para sueldos y salarios, y su correspondiente paquete de materiales y suministros de militares, marinos, policías, jueces y personal adscritos a las áreas de gobierno.

“Poco se destina a sueldos y gastos de doctores, enfermeras, psicólogos, científicos, maestros, trabajadores sociales y otro tipo de personal de apoyo a la prevención, tratamiento, salud, derechos humanos y medio ambiente”.

Señala que el flujo de información sobre el gasto público, recursos humanos y proyectos de inversión destinados a política de drogas es ambiguo e inexacto y se encuentra disperso en diferentes fuentes de información.

“Los recursos destinados a la estrategia carecen de una estructura y rendición de cuentas clave para la planeación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de esta política”.

La investigación de Purón-Cid forma parte del Programa de Política de Drogas, uno de los primeros espacios académicos en México que analizan el fenómeno de las sustancias ilícitas y la política frente a las drogas.