Agencias
MÉXICO, D.F.- En medio de las crecientes manifestaciones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron en San Lázaro cambios constitucionales que permitirían a la autoridad frenar las protestas.

De forma sorpresiva, PRI y PAN sacaron de la “congeladora” un dictamen sobre movilidad social que, el 24 de abril pasado, avaló la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el perredista Julio César Moreno Rivera, y lo pusieron hoy a consideración del pleno, según datos de Proceso.

El documento fue aprobado en lo general con 292 votos a favor, 100 en contra y 1 abstención.

Se trata de cambios al 11 y 73 constitucionales; en el primero se establece que “el Estado garantizará el derecho de todas las personas a la movilidad universal atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.

En tanto que al artículo 73 se le añadió que el Congreso puede legislar en “materia de movilidad universal en los términos de la Constitución… y que podrá expedir la Ley General de Movilidad que haga efectivo el pleno ejercicio del derecho a la movilidad”.

PT y PRD advirtieron que el texto que elaboró el panista Marcos Aguilar Vega criminalizará la protesta social, en momentos en que mayor cuidado debería tener la autoridad para garantizar la libre expresión y manifestación de los ciudadanos, según informa Aristegui Noticias.

Los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Y se remitieron al artículo 73 de la misma Constitución que tiene que ver con la restauración y preservación del equilibrio ecológico para otorgar facultades a los gobiernos federal, estatales y municipales de legislar en materia de movilidad universal.

El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su eventual ratificación. De ser así, será enviado a los congresos estatales ya que se trata de modificaciones constitucionales.