Agencias
MONTERREY, Nuevo León.- El hallazgo de fosas comunes representa esperanzas para personas que llevan años buscando a sus seres queridos, y aunque en muchas ocasiones logran encontrar sus restos, en otras la angustia por no saber si sus parientes están vivos o muertos se prolonga todavía más. 

En lo que va del año, decenas de estos cementerios clandestinos han sido localizados en algunos estados del país. Este lunes, las autoridades del estado de Nuevo León hallaron una fosa con 31 mil restos óseos en el municipio de Salinas Victoria, al norte de Monterrey.

El hallazgo fue dado a conocer por la Procuraduría General de Justicia en la entidad, en el marco de la reunión 23 entre esa dependencia y miembros de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores).

La propia presidenta de Cadhac, Consuelo Morales indicó que la dependencia les dio a conocer que las recientes lluvias deslavaron el terreno en donde se encontraban los restos y por eso quedaron al descubierto.

“Son 31 mil restos óseos. Las autoridades periciales serán las encargadas de establecer la cantidad de cuerpos a los que pertenecen así como estudiar los perfiles genéticos para ver si corresponden a algunas personas reportadas como desaparecidas”, detalló Karla Torres, vocera de Cadhac.

Indicó que fue el pasado viernes, durante la reunión 23 de los organismos con la Procuraduría cuando les notificaron del hallazgo.

La localización de éstos restos óseos abre una luz de esperanza para familiares de víctimas de desaparición que no tienen idea de en dónde están sus seres queridos.

De 2011 a la fecha, Cadhac ha recibido la denuncia de 967 desapariciones, de las cuales se han localizado con vida a 60 personas, 82 han sido ubicadas por pruebas de ADN y faltan por resolver 825 casos.

Delitos tipificados

El lunes, entidades civiles y familiares de víctimas de desapariciones forzadas pidieron poder contribuir en la legislación relacionada con la Ley General de Desapariciones Forzadas para que esta sea inclusiva y contemple varios tipos de delito.

"Proponemos tipificar dos delitos, la desaparición forzada, como tal, llevada a cabo por autoridades de manera directa o indirecta; y la desaparición forzada a manos de particulares y sin contubernio del Estado", dijo el coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, Héctor Cerezo.

Junto a ello, pedirán que la ley contemple la reparación integral del daño y el aseguramiento de prestaciones para los familiares, apuntó desde el Parque Alameda de la Ciudad de México, donde junto con otras asociaciones se celebró un acto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.

Con ello, el Congreso deberá expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un periodo máximo de 18 meses tras su promulgación.

Siembra de terror

Por su parte, el representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Pascual de Jesús, dijo temer que la nueva ley no "llene las expectativas de los familiares" de los desaparecidos e instó a que esta se "construya" con su colaboración y la de organizaciones civiles. De Jesús tiene dos compañeras del movimiento del estado de Oaxaca desaparecidas desde el 2007.

Eran dos hermanas, una maestra y una estudiante, de 21 y 14 años en el momento de su desaparición, que se extraviaron en un trayecto entre dos comunidades de Oaxaca en una época de fuerte tensión entre la comunidad triqui y las autoridades policiales de la región.
 
"El estado actúa de diferentes formas para sembrar el terror e intimidar a los luchadores sociales", acusó De Jesús, quien señaló el "terrible" dolor que estos casos infligen en las familias.

En esta misma región, el 2007 también desaparecieron los luchadores sociales Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz tras ser arrestados en un operativo policial y posteriormente entregados al Ejército, relató Nadín Reyes, hija de Edmundo y miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos "Hasta Encontrarlos".

Reyes denunció que, a pesar de lograr el pasado año una resolución judicial para entrar en varios cuarteles militares e investigar este caso, no ha habido "voluntad política" para que ello ocurra, y por ello "duda" también acerca de la iniciativa de ley de desapariciones forzadas.

"Vimos (en un documento sobre la ley) que hace referencia a los casos de desaparición forzada y habla de personas no localizadas o encontradas. De entrada no están reconociendo que existe esta situación en el país", criticó.

Reyes explicó que tras perder a su padre, su familia siente "angustia y zozobra porque no saber si está vivo o no" y lamentó que el acto de hoy casi no congregara ciudadanos: "Hay mucho desconocimiento de la gente sobre esta situación y por otra parte también tienen temor a que les pueda pasar lo mismo", señaló.

Más de 25 mil desaparecidos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas varios organismos se han pronunciado sobre la situación en México, que acumula más de 25 mil desaparecidos desde 2007.

Por ejemplo, la organización Amnistía Internacional (AI) promueve una campaña para instar al actual presidente Enrique Peña Nieto a investigar los casos de desaparición forzada, mientras que la ONU hizo un llamamiento para que la nueva ley escuche las peticiones de los familiares.

Aunque no hay datos exactos del número de desapariciones forzadas, Comité Cerezo contabilizó, solo en defensores de derechos humanos, 56 casos en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y 82 durante los primeros tres años de mandato de Peña Nieto.

(Con información de Vanguardia y EFE)