Impunes, 81% de agresiones a periodistas: CNDH

Desde 2000 se han registrado 82 homicidios a comunicadores.

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La Rue: los actos de violencia contra comunicadores no sólo provienen del crimen organizado. (www.starmedia.com)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- El Senado instaló la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en la que el quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), Javier Tapia, informó que 81 por ciento de los casos queda en la impunidad.

Destacó que de 1999 a la fecha, el organismo que encabeza Raúl Plascencia tiene 840 expedientes de agresiones a comunicadores, informa Milenio. 

Asimismo, precisó que desde 2000 se han registrado 82 homicidios de periodistas, 33 atentados a medios de comunicación y 18 informadores desaparecidos.

En tanto, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, dio a conocer que a tres meses de que se creara el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos se ha intervenido en la protección de 11 periodistas.

Por la tarde, las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Gobernación iniciaron el análisis de la iniciativa que reforma diversas disposiciones para proteger a los periodistas.

En este sentido, los legisladores realizaron la primera audiencia pública con Frank La Rue, relator de la ONU, quien reiteró que uno de los factores fundamentales para garantizar la seguridad de periodistas y de cualquier persona es erradicar la impunidad.

La Rue reconoció que existen actos de violencia contra comunicadores que provienen del crimen organizado, pero también, en un Estado federativo como México, “pueden venir” de múltiples niveles de autoridad. Dichas agresiones, agregó, normalmente se vinculan a las investigaciones de corrupción que los periodistas realizan.

Consideró que para resolver “el acoso judicial” se requiere la despenalización de la difamación y que esta figura no exista como delito, sino como acción civil, porque no se puede utilizar para perseguir a quienes critican a los funcionarios públicos. 

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