"Las policías comunitarias reflejan fracaso del gobierno"

El titular de Human Rights Watch afirmó que son fallas de seguridad.

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Vivanco se manifestó a favor de la eliminación del arraigo. (Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- El director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, advirtió de que el tema de las policías comunitarias debe abordarse en breve y no deben permitirse, porque es un síntoma del fracaso en las políticas de seguridad.

En entrevista con Carlos Puig, en MILENIO Televisión, Vivanco expresó que el fenómeno de autodefensa “es un síntoma muy revelador del fracaso de las políticas de la seguridad pública y hay que abordarlo a la mayor brevedad posible. Es un tema que no hay de ninguna manera permitirlo y es un síntoma, justamente, de las fallas que tienen las agencias o las entidades encargadas de garantizar la seguridad”.

También comentó que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, le dijo que en esa entidad los registros hablan de por lo menos mil 800 personas desaparecidas, mientras que en Nuevo León se sabe de más de mil.

Recordó que Centroamérica y Colombia son un buen ejemplo de cuando empiezan a surgir tareas de investigación, incluso de castigo “y se incrementan exponencialmente la violación a los derechos humanos. Aquí hay un papel para el Estado importantísimo, es el único que puede garantizar la seguridad, pero una profesional, conforme a ciertos parámetros”, señaló.

Antes, durante la presentación del informe sobre desapariciones en México, Vivanco apuntó que lo importante es optimizar el rendimiento profesional de los grupos policiacos.

Expresó: “¿Qué confianza tiene el ciudadano en la policía frente a los escándalos de corrupción o de penetración de los cárteles? Ese es un problema muy grave. ¿Qué confianza existe en la nueva policía?”, dijo el director regional de HRW para agregar: “Constatar que las policías en México no están a la altura de los desafíos es algo bastante evidente. Lo importante es que el modelo que se adopte sea uno que pueda rendir cuentas ante las autoridades judiciales cuando se producen abusos, ya sea de corrupción o de violaciones a los derechos humanos”, expresó.

No obstante, consideró: “No me parece que sea un problema donde uno pueda arrancar conclusiones apocalípticas y diga: cuando uno utiliza este modelo policial necesariamente se van a producir violaciones a los derechos humanos”.

Al presentar el informe sobre desapariciones, Vivanco recomendó al gobierno federal investigar las denuncias de desapariciones, hacer justicia y combatir a la impunidad para evitar que se repitan.

“No se puede seguir viviendo en un país donde se presume que son todos delincuentes abatidos o que caían como cucarachas, como decía le gobierno anterior”, sostuvo.

Al señalar que, de al menos 249 desapariciones forzadas registradas en el sexenio anterior, 60 de ellas vinculan a las fuerzas del orden con grupos criminales, dijo que debe castigarse a soldados y oficiales del Ejército y la Marina que hayan participado en estos actos con “sentencias que sean proporcionales a las atrocidades que aquí se han cometido por parte de la fuerza pública en una guerra contra el narcotráfico en la que todo fue permitido. Este es el resultado de una guerra sin controles”.

Además, se manifestó por la eliminación de la figura del arraigo y en la modificación del fuero militar.

Vivanco afirmó que los derechos humanos fueron soslayados por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón en una “guerra sin controles” contra la delincuencia en la que todo fue permitido.

Habló de “signos de esperanza” en este sexenio, después de que en la pasada administración se dieron fenómenos como las desapariciones forzadas que para HRW constituyen “una de las crisis más graves en América Latina en las últimas décadas, por el numero de cifras, por la falta de investigación, por la impunidad total”.

En HRW, dijo Vivanco, “no estamos en condiciones de emitir comentarios por esa lista” de desaparecidos revelada por la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, ya que es probable que algunos de esos nombres ya hayan sido encontrados sus cadáveres y se trate de personas ejecutadas o que sean resultado de la acción del crimen organizado o por la acción de agentes del Estado y que esto solo se resolverá con investigación judicial.

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