Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Para resolver los problemas de sobrepoblación, autogobierno y disminuir la operación delictiva intramuros, la Secretaría de Gobernación solicitó seis mil 68 millones 815 mil 48 pesos para echar andar este año programas de mantenimiento y de infraestructura en los penales de máxima seguridad del Altiplano, Occidente, Noreste y Noroeste, que albergan a los criminales más peligrosos.

Con los recursos solicitados a la Secretaría de Hacienda, la Segob pretende ampliar instalaciones de las cuatro prisiones y que tengan algunas hasta 20 años más de vida, considerando una capacidad de cinco mil 380 espacios para internos entre los cuatros centros federales.

El proyecto de infraestructura gubernamental para el Altiplano (Cefereso 1), en el Estado de México, de donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio de 2015, señala que el penal funciona con deficiencias en sus áreas administrativas, técnicas y complementarias, "ocasionando una operación que no llega al ciento por ciento de efectividad, motivado por una infraestructura insuficiente, causando la inadecuada clasificación criminológica".

El Altiplano fue el primero que entró en operaciones en el Sistema Penitenciario Federal. Se construyó entre 1988 y 1990 recibiendo los primeros reclusos en noviembre de 1991. Inicialmente recibió el nombre de Almoloya de Juárez, más adelante cambió a La Palma y hoy es el Centro Federal de Readaptación Social número 1.

Fue construido para albergar a 724 delincuentes de baja, mediana y alta peligrosidad; capacidad que se mantuvo de manera permanente hasta 2007, "precisamente por el abandono en que estuvo inmerso el Sistema Penitenciario Federal".

A finales de 2014, su población ascendió a mil 107 internos, 577 más de los que alojaba en 2000, "y que evidentemente demandan un mayor número de servicios, como el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte al interior del centro federal".

La Segob subrayó que otro de los aspectos relevantes que se cubrirán se refiere que al fortalecer la infraestructura del Altiplano, específicamente en sus áreas de gobierno, se mejorarán las condiciones de gobernabilidad:

"Mejorará la aplicación de la normatividad que rige al centro, subsanándose las deficiencias en el respeto al debido proceso en la imposición de sanciones interdisciplinarias, se fortalecerá la profesionalización del personal de seguridad y custodia, se disminuirán el autogobierno, las actividades ilícitas, la extorsión y los sobornos que pudieran existir.

"Se orientarán más esfuerzos a la desaparición de objetos y sustancias prohibidas, así como el incremento de la capacitación del personal penitenciario, para que se conduzcan en términos de ética, con formación especializada y de calidad basada en estándares internacionales de actuación", señala el documento.

La renovación, dice el proyecto, proporcionará mayor seguridad para disminuir la operación delictiva intramuros, "generando inteligencia de orden criminal y disminuyendo los índices de corrupción".

Mantenimiento

En el documento referente al programa de mantenimiento de los cuatro penales (Altiplano; Occidente (Cefereso 2 antes Puente Grande, Jalisco, de donde también escapó El Chapo); Noreste (Cefereso 3, en Matamoros, Tamaulipas) y Noroeste (Cefereso 4, en Tepic, Nayarit) se menciona que el objetivo principal es mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento los inmuebles e instalaciones de los cuatro centros federales, a efecto de que estos inmuebles e instalaciones sean utilizados a su capacidad disponible y de acuerdo con el nivel de peligrosidad correspondiente.

El programa permitirá mantener la capacidad de alojamiento de internos con delitos del fuero federal, considerando cinco mil 380 espacios para internos.

"Garantiza la integridad física de la ciudadanía nacional y la estabilidad social", enfatizó la Secretaría de Gobernación.