Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que considera insuficiente la respuesta del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, que los niveles de violencia no se han reducido y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.

En respuesta, en un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, además de la Procuraduría General de la República indicaron que en México 'no se vive una crisis de derechos humanos' y que el informe de la CIDH 'no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten'.

En el informe, elaborado después de que siete integrantes de la CIDH visitaron México en octubre, el organismo destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.

El reporte ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. También apuntó que la Procuraduría General de la República investigaba 2 mil 420 denuncias de tortura en abril de 2015 pero que sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.

El documento describió la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero como un 'ejemplo emblemático de la aparente colusión' entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y 'una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes'.

Situación

La comisión, que no emitía un informe sobre México desde 1998, dijo que la situación se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006 y negó que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.

Pero sí valoró como 'importantes' la reforma constitucional y varias legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.

'El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva', señaló el presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro.

Al consultarle si percibe en las autoridades mexicanas la voluntad política para corregir la situación, el experto dijo que algunos elementos son favorables como el reconocimiento al valor de las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay prácticas 'muy preocupantes' como haber suspendido los partes de prensa sobre bajas ocurridas durante enfrentamientos sostenidos por la fuerza pública.

'Es como todo en México. Ni sí, ni no', señaló Cavallaro, quien insistió en que la misión del informe no es criticar a un gobierno específico, sino 'registrar la realidad y buscar soluciones'.

Irregularidades

La CIDH detectó graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones.

El órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa meta, como adoptar una ley general sobre desaparición y otra sobre tortura y otros tratos crueles y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El gobierno de la República aseguró que en el informe de la CIDH se retomaron conclusión construidas a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados en seis estados del país, 'desestimando los avances y cambios estructurales' impulsados en los últimos años.

'En repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones'.

El gobierno mexicano indicó que el informe publicado hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997".

En el comunicado, el Estado destacó que el informe final de la CIDH incorpora unas 40 referencias a las observaciones de las autoridades mexicanas, pero sin contrastarlas con sus fuentes ni la información inicial.