Juan Pablo Becerra-Acosta/Milenio
MORELIA, Michoacán.- La violencia del crimen organizado en la Tierra Caliente de Michoacán no solo ha provocado sangrientas imágenes de enfrentamientos contra las autodefensas que se les oponen. Imágenes de muertes y ejecuciones. Imágenes de desplazados de guerra. Imágenes de pueblos vacíos, abandonados por sus pobladores que huyen.

Esa violencia, esa insolencia criminal, también es capaz de causar imágenes que parecen inverosímiles. Como la de un penal federal en construcción abandonado por las extorsiones y amenazas de los criminales. Un penal cuya construcción tenía que haber concluido en diciembre pasado y que ahora terminará… dos años después de lo previsto: en noviembre de 2014.

Durante el sexenio pasado el gobierno federal anunció que construiría ocho nuevos penales, cuya elaboración sería concesionada a empresarios. La inversión será de 48 mil millones de pesos. Cada uno tendrá capacidad para 2 mil 500 presos. Uno de esos reclusorios fue concebido al lado del poblado de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán.

La empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex) es la encargada de erigirlo. Solo que, hacerlo en esta zona sumida en conflictos entre grupos de narcotraficantes y autodefensas, como publicó MILENIO en septiembre pasado, quizá no era muy buena idea: en cuanto se enteraron de la multimillonaria inversión (6 mil millones de dólares y una ganancia estimada en 20 años de más de 12 mil millones de pesos por prestar servicios como alimentación y limpieza en el penal), Los caballeros templarios decidieron extorsionar a los constructores: les exigieron 20 millones de pesos a cambio de dejarlos trabajar.

La empresa no cedió, el gobierno federal protegió la obra (en el poblado michoacano que llegó a tener hasta 4 mil obreros) y los delincuentes empezaron a aterrorizar a los trabajadores: arquitectos, ingenieros, albañiles y choferes fueron objeto de amenazas para que no laboraran y se suspendiera la edificación. Y así ocurrió: en diciembre pasado la construcción se detuvo. Meses después se reanudó al 100 por ciento, pero una vez más la construcción, avanzada en su obra negra, yace abandonada.

La Secretaría de Gobernación informó a MILENIO que el penal federal debió concluirse hace 10 meses, en diciembre pasado. Sin embargo, solo tiene 70 por ciento de avance en la obra y, peor aún, de 22 por ciento en la infraestructura tecnológica.

El gobierno federal tuvo que modificar el contrato original con la empresa constructora: a fin de no penalizarla, ambas partes acordaron invocar una cláusula de seguridad del contrato y se extendió el tiempo de conclusión de la obran a través de un “convenio modificatorio”. Así lo explicó el oficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez Montes, en entrevista realizada en el Palacio de Covián:

“En este caso, en el caso específico de Michoacán, ha sido acreditado que con motivo de la inseguridad se han ocasionado retrasos en la construcción de dichas obras. El gobierno está haciendo análisis respectivos para cubrir dos aspectos fundamentales. El primero es celebrar convenios modificatorios con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda para que el contrato de prestación de servicios con la empresa se cumpla.

“Segundo: que se cumplan medidas de seguridad. Fortalecer la seguridad de la región para que quienes laboran y quienes prestan servicios los lleven a cabo.”

Por ese estado de inseguridad se prevé que el penal sea concluido… dos años después de lo planeado en el contrato entre el gobierno y la empresa Prodemex.

“La obra se concluirá en noviembre de 2014, para iniciar labores en diciembre de 2015”, dice el oficial mayor. El gobierno federal se compromete, a través de la Policía Federal, a romper el cerco criminal y a garantizar la seguridad de los trabajadores en cuanto se reanude la obra, lo cual ocurrirá tentativamente antes de que concluya el año: “Una vez que inicien los trabajos, los trabajadores tendrán la certeza de que podrán realizar su trabajo”, afirmó Jorge Márquez Montes.

Renuncia por las amenazas del crimen organizado.

En septiembre pasado, MILENIO obtuvo testimonios de los trabajadores afectados. Aquí uno de éstos ya publicado:

Marcos es uno de los choferes contratados para transportar desde Morelia y hasta La Ruana (250 kilómetros de distancia) a ingenieros provenientes de otros estados que fueron contratados para construir la prisión. Marcos, como decenas más de trabajadores, renunció por las amenazas del crimen organizado.

—Nos dijeron que ya no querían que fuéramos por la gente, a recogerla, llevarla y traerla. Y sí, ellos también empezaron a dejar de ir porque estaban amenazados…

—¿Cómo los amenazaban?

—De muchas maneras. Decían que así como habían investigado el número de celular, podrían investigar dónde vivían, cuál era su familia, cuánta familia tenía, y que se iban a ir sobre ellos. Que ya no querían que siguieran construyendo el Cefereso…

—¿Se les acercaban?

—Sí, nos buscaban en el camino y nos amenazaban, o simplemente nos echaban las camionetas para asustarnos. En los hoteles nos dejaban recados de que ya no querían que siguiéramos trabajando…

—¿Había contacto directo?

—Sí. Por ejemplo, afuera había puestecitos de comida. Los albañiles salían a comer. Una vez una señora de un puesto le pasó un radio a uno de los trabajadores. Le dijo: “¿Es fulano de tal usted? ¿Sí? Ah, pues aquí le hablan unas personas” Y ya, lo empezaron a amenazar al señor, y se metió rápido al Cefereso. Y les dijo a los jefes: “¿Saben qué?, sáquenme de aquí, ya me amenazaron, yo ya no quiero salir para nada.”

***

De los ocho penales que el gobierno federal encargó a empresas de la iniciativa privada solo faltan tres por entregar: el de Michoacán, el de Coahuila (que hasta el 30 de noviembre de 2012 llevaba 19 por ciento de avance, por lo que la empresa Tradeco fue sancionada para que concluya la obra en noviembre de 2014) y el de Morelos, que está a 95 por ciento. Los de Durango, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Sonora ya se terminaron, informó Gobernación.