Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- La justicia argentina avanzó hoy en la causa por presunto encubrimiento de terroristas iraníes en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su excanciller, Héctor Timerman.

El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles que el fiscal Gerardo Pollicita realicé 49 medidas de pruebas, entre ellas allanamientos a exfuncionarios y cruces de llamadas telefónicas entre los acusados.

De esta manera fue formalmente reactivada la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó a principios de 2015 y en el que acusó a la expresidenta de encabezar un plan delictivo para encubrir a ciudadanos iraníes acusados del peor ataque terrorista sufrido en Argentina.

El pasado 29 de diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la denuncia de Nisman sobre la supuesta protección política que tuvo el atentado sufrido por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y en el que murieron 85 personas.

De acuerdo con Notimex, la denuncia había sido desestimada por varias instancias judiciales por falta de pruebas hasta que llegó a este último órgano de decisión, que de manera sorpresiva decidió avanzar.

Nisman provocó una crisis política el 14 de enero de 2015, cuando denunció que Fernández de Kirchner había negociado la impunidad de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

El fiscal aseguró, en un documento de casi 300 páginas, que el Memorándum de Entendimiento que firmaron Argentina e Irán a principios de 2013 pretendía ocultar turbias negociaciones de intercambio de granos argentinos por petróleo iraní.

Según el fiscal, para poner en marcha nuevas relaciones comerciales, el gobierno argentino ofreció el cese de las órdenes de captura internacional que pesaban en contra de exfuncionarios de la República islámica vinculados con el ataque.

El escándalo mutó en conmoción cuando, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, en un caso que todavía no se ha podido determinar si fue suicidio o asesinato.

Con Nisman muerto, la denuncia contra la expresidenta fue reimpulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pero el juez que quedó a cargo del caso, Daniel Rafecas, decidió no iniciar ninguna investigación al considerar que no había elementos para sustentar sus acusaciones.

Pollicita insistió y apeló el fallo de Rafecas con el apoyo de otro fiscal, Germán Moldes, quien llevó el caso hasta la Cámara Federal, la cual volvió a rechazar, con dos votos contra uno, la posibilidad de comenzar una causa.

En su fallo, la Cámara fue especialmente crítica con la falta de seriedad con la que trabajó Nisman para armar un expediente contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros dirigentes sociales, sin contar con las pruebas pertinentes.

La última opción que tenía Moldes era llegar a un tribunal superior, que es la Cámara de Casación, para que de ahí pasara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano de justicia del país.

Sin embargo, Javier de Luca, fiscal de la Cámara de Casación que quedó a cargo de analizar la denuncia, coincidió con las instancias previas y consideró que no se debía iniciar investigación alguna en contra de la expresidenta porque no había fundamentos.

De esta manera la denuncia de Nisman fue cerrada, pero con Fernández de Kirchner fuera del poder y acosada por múltiples denuncias por presunta corrupción, se pusieron en marcha nuevos operativos judiciales y mediáticos para revivir la acusación del fiscal muerto.