Isabelle Piquer/Milenio
WASHINGTON, DC.- El proyecto de reforma del tema migratorio ha creado serias divisiones en el seno del Partido Republicano, escindido entre su reticencia a “aministiar” a los indocumentados a los que considera como delincuentes, y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad demográfica para asegurar su supervivencia.

En el centro del debate está un informe publicado por la Fundación Heritage, el todopoderoso laboratorio de ideas (think-tank) ultraconservador de Washington, según el cual la regularización progresiva de los 11 millones de clandestinos que viven en Estados Unidos costará al contribuyente estadunidense 6.3 mil millones de dólares, en términos de gastos sociales y de educación, durante los próximos cincuenta años.

Pero las estimaciones fueron cuestionadas con fuerza por una mayoría de especialistas, incluso figuras relevantes de la derecha como Grover Norquist, fundador de Americans for Tax Reform (Americanos por la reforma fiscal), que expresaron sus objeciones. El grupo de reflexión “libertario” Cato Institute adelantó que la regularización de los sin papeles no supondrá nuevos gastos al presupuesto sino más bien el controlarlos aportará al producto interno bruto (PIB) de EU en la próxima década unos 1.5 mil millones de dólares.

Uno de los autores del informe, Jason Richwine, hizo crecer aún más la controversia cuando la prensa reveló que, en una tesis doctoral sostenida en Harvard, en 2009, él había afirmado que el coeficiente intelectual de los inmigrantes hispánicos era en promedio sustancialmente inferior al de los estadunidenses “blancos”, y que la situación iba a seguir así por generaciones. Desde entonces, Richwine ha sido presionado para que renuncie.

A esto se añade una grieta generaciones dentro de la derecha republicana, ya que el debate enfrenta al ex senador de Carolina del Sur, Jim DeMint, Tea Party de la primera hora —que dejó su cargo en diciembre de 2012 para tomar las riendas de la Heritage Foundation— a su protegido, el también senador de Florida, Marco Rubio, uno de los coautores del proyecto de reforma.

Jim DeMint, que contribuyó a hacer fracasar una reforma similar presentada por George W. Bush en 2007, fue uno de los primeros en apoyar la candidatura de Rubio en 2010, ya que veía en él un digno heredero de sus ideas conservadoras. En la actualidad, los dos hombres se han convertido en adversarios. “Si DeMint gana, Rubio pierde”, declaró al New York Times, Frank Sharry, de la asociación pro inmigrantes America’s Voice, lo que podría “dañar las ambiciones republicanas de recuperar la Casa Blanca”.

El proyecto de reforma es debatido por una comisión del Senado que debe examinar más de 300 enmiendas. Las discusiones podrían durar semanas antes de la segunda etapa, ante el conjunto del Senado, donde los demócratas disponen de una frágil mayoría. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, deberá a continuación examinar la reforma antes de la adopción final, a más tardar este verano.