Sara Cauich/SIPSE
TULUM, Q. Roo.- Trabajadores y huéspedes del hotel La Vita é Bella fueron desalojados por orden judicial y en presencia de actuarias, tras un proceso que duró más de nueve años.  

“De pronto vienen y nos quedamos sin trabajo, hay madres de familia que trabajamos para sostener a los hijos y llevar ingresos al hogar”, manifiesta con preocupación y angustia ante su nueva situación, Griselda Domínguez, camarista ama de llaves, quien junto con alrededor de otros 40 empleados del centro de hospedaje, fueron desalojados.

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“En las buenas y en las malas siempre estuvimos juntos”, reitera al ver que desconocidos llevan a cabo el retiro de todo el mobiliario del restaurante primero, y luego del club de playa.

Madres de familia dejaron ver su preocupación al quedarse de pronto sin empleo, “somos padres y madres que necesitamos el trabajo; no es  justo, no sé qué va a pasar”, agregó en medio de todo el desalojo de mobiliario que se llevó a cabo bajo la guardia de la Policía Municipal.

Discrepancias

Antes, los abogados de la parte desahuciada, Silvia y Gino, como los identifican los trabajadores,  tuvieron una discusión, uno evitando el cumplimiento de la orden judicial, y la otra parte, esgrimiendo la orden de un juez para proceder al desalojo.

Las actuarias que participaron se negaron a mirar los documentos que presentaba la parte desalojada, ante lo cual una de ellas señaló que el  procedimiento solo se detendría “Si hay un amparo firmado por un juez de distrito”.  Sin ello, se procedió a cumplir con el mandamiento judicial.

El propietario original del hotel vendió el inmueble cuando tenía rentado el lugar a unos italianos, a quienes ahora están desalojando, pero también dejaron de pagar la renta del inmueble, del cual no se dio a conocer la cantidad del adeudo.    

Nueve años en pugna

El proceso de desalojo se presenta luego de aproximadamente nueve años en los que los nuevos propietarios del hotel acudieron a cobrar la renta del inmueble  a los inquilinos.

Entre los abogados, uno de ellos dio a conocer que el centro de hospedaje se encontraba emplazado a huelga, hecho que se debe anteponer hasta resolver la situación con los trabajadores para llevar a cabo el desalojo, no obstante esa situación, se procedió a retirar todo el mobiliario del hotel.  

La Policía solo participo para resguardar el orden ya que según las actuarias que realizaron la diligencia, se cumpliría la orden del juez “voluntariamente o por la fuerza”, lo que no hubo necesidad de emplear ya que se permitió el paso al personal que las acompañó para el desalojo todo el hotel.