Desalojan restaurante esloveno del centro de Playa del Carmen
Se trata del establecimiento ‘El Balkanero’ cuyos ocupantes fueron retirados con presencia policiaca.
Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El desalojo de un local en la zona centro de esta ciudad por adeudos de renta de un año fue realizado ayer según informó un representante del Poder Judicial de Quintana Roo que acudió a ejercer la orden.
Acompañado de por un par de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Solidaridad, el actuario de la administración Judicial Estatal llegó alrededor de las 8:00 de la mañana al restaurante ‘El Balkanero’, ubicado sobre la calle 4 entre 10 y 15 avenida, para realizar el ‘lanzamiento’ de los ocupantes del inmueble.
“La parte que se encontraba ocupando este predio no cumplió un contrato, motivo por lo que se dio procedimiento que concluye con el ‘lanzamiento’ del demandando”, dijo José María López Ruiz, actuario de la administración judicial del estado.
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Posteriormente a dicho acto procedió a entregar la propiedad a la parte ‘actora’ (la demandante) mientras las versiones y acusaciones entre los representantes legales de los involucrados expusieron sus argumentos contrapunteando versiones e incluso acusando presuntos usos de recibos de pagos apócrifos.
El inmueble en cuestión cuenta con 500 metros cuadrados, 10 metros de ancho por 50 metros de fondo, es una palapa restaurant que ya no funcionaba comercialmente ya que al no pagar la renta, la licencia de alcohol no estaba renovada, dio a conocer Antonio Rivera, abogado de los demandantes.
“Los abogados anteriores iniciaron la vía de apremio del convenio transaccional de arrendamiento que estaba homologado en la categoría de ‘Cosa Juzgada’ en el juzgado civil de Playa del Carmen y en base a eso se ejecutó”, sostuvo quien dijo ser el representante jurídico de la parte ‘actora’.
Contraparte
Por su parte Nino Colarevich, esloveno que ocupaba el lugar en disputa y sus acompañantes, aseguraron que los pagos demandados sí fueron realizados mediante un juzgado local.
“Pagamos siete meses al juzgado porque todo este problema está de hace mucho tiempo”, dijo Olga Lisseth Mérida Vega, representante legal de los demandados.