Eric  Galindo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Un total de cuatro millones 102 mil 244 pesos recibirán, por concepto de indemnización, ocho ex policías municipales que laboraban en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), a quienes se les vinculó con la delincuencia organizada, en la administración de Julián Ricalde Magaña. 

El  juez ordenó a las autoridades policíacas pagarles dicha cantidad, al ganar un juicio administrativo contencioso, por lo que cada uno recibirá más de medio millón de pesos. 

En febrero del 2015, dicha sala judicial dictó sentencia a favor de los ex uniformados y en abril causó ejecutoria, es decir, que el juez que resolvió el litigio, dio la orden a las autoridades del Ayuntamiento o la Smspyt para que indemnizara a los ocho ex policías.

También te puede interesar: Policías detenidos por robo se declaran inocentes

En agosto pasado, se les pagó una parte a los ex elementos, han pasado más de cuatro meses sin recibir el total del monto, por lo que siguen generándose recargos, dijo el abogado Miguel Ángel Reyes Vázquez, quien mencionó que la suma se incrementa conforme van pasado los días y meses.

El expediente es el S.C.A./A/064/2012 y fue ganado en la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con sede en Chetumal, por los ex elementos de la Smspyt  Pedro N., Alfredo N., Rosario N., Fernando N., Roberto N., Neftalí N., Diego N. y Xóchitl N.

Dichos elementos estaban al mando de Jesús Aiza Kaluf, y forman parte de  un grupo de 60 elementos de la corporación policíaca que fueron dados de baja por pérdida de confianza, algunos fueron señalados con nexos con el crimen organizado. 

En el caso de los ocho ex policías, representados por el abogado Miguel Ángel Reyes Vázquez, nunca fueron requeridos al Consejo de Honor y Justicia, para defenderse, sólo les anunciaron que estaban dados de baja por tener nexos con criminales.

De hecho, ni siquiera se les inició una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o alguna autoridad federal.

Todos los elementos dados de baja de inmediato iniciaron acciones contra la dependencia, pero algunos se fueron por la vía laboral; sin embargo y de acuerdo a la Fracción XII, Apartado B, del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona que sirva a una dependencia gubernamental, entra dentro del régimen de excepción, porque no son trabajadores propiamente.

En el caso de los ochos ex policías, dados de baja entre mayo y diciembre del 2012, su defensor optó por la vía de un juicio contencioso administrativo, del cual es competencia de la Sala Constitucional y Administrativa del TSJE contra cualquier autoridad estatal.