Celcar López/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Quintana Roo es una de las últimas entidades que comenzaron a aplicar el nuevo Sistema Penal Acusatorio y muestra poco avance en la implementación del mismo, detalló Baldomero Mendoza López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

El juicio oral conforma parte de este nuevo sistema que, para el 18 de junio, ya deberá ser ejecutado en todas las entidades federativas.

A nivel nacional, el estado fue uno de los que comenzaron a operar el nuevo sistema penal de manera tardía, y apenas está activándolo en su totalidad, ya que por ejemplo, Yucatán fue la cuarta entidad que logró implementarlo, desde la expedición en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal, en el 2008.

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En este sentido Quintana Roo todavía se encuentra “en los términos medios”, dado que la mencionada reforma destinó que para la fecha 18 de junio del presente año, “es el día fatal”, es decir, que todas las entidades deben ya tener “a sus operativos aplicando las medidas de acuerdo al sistema penal”.

Esto último está relacionado con el grado de capacitación que están recibiendo los operadores, como los del Ministerio Público y defensores, y del nivel de resultados obtenidos, así, por ejemplo el estado demuestra que necesita más capacitación en el rubro.

El caso contrario está Guanajuato, que también fue uno de los estados que tardíamente empezó aplicar el nuevo sistema acusatorio, pues actualmente ocupa el primer lugar en operatividad; mientras que Chihuahua, la primera entidad que aplicó el nuevo sistema, incluso antes de la reforma, también está en el “ranking” de los primeros lugares.

El caso de la Ciudad de México, también como Quintana Roo, están en los últimos lugares, muy cerca de Sonora, la entidad más atrasada del país, aseveró Mendoza López.  

No obstante, no debe de haber ningún rezago pues se supone que el estado de Quintana Roo está comprometido en aplicar en su totalidad la aludida reforma, así como las demás entidades.

Añadió que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en materia de Procesos Penales, señaló dentro de sus recomendaciones que las entidades gastaron “mucho presupuesto” en la creación de tribunales, en salas, en capacitación, y no obstante, los jueces, los ministerios públicos y defensores “no tienen la calidad para poder implementar” el nuevo sistema penal.