Alejandra Galicia/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Los operadores del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” que tengan el tarifario en mal estado, deberán renovarlo, de lo contrario, no tendrán derecho a cobrar el precio actual de la tarifa, debido a que no tienen manera de comprobar el precio ante los usuarios.

“Es cierto es una obligación portar el tarifario, en el nuevo reglamento de Trabajo del sindicato implementamos como obligación llevarlo en buen estado, tomaremos medidas para revisar que todos tengan este tabulador, el taxista que no tenga el tarifario no puede cobrar la nueva tarifa, nosotros tenemos que demostrarle al usuario que le estamos cobrando lo justo”, informó el secretario de Trabajo del gremio, Mauro Carvajal Gutiérrez. 

“En una ocasión me subí a un taxi, pero desconocía cuanto debían cobrarme, entonces el taxista sacó un cartón viejo y roto en cuatro pedazos que era la lista de precios de los servicios,  y ni él ni yo pudimos ver el precio real del servicio, porque las letras y números no podíamos leerlos”, comentó Rosario Nuñez, de 32 años. 

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Para Rogelio Uscanga, de 29 años, algunos “martillos” hasta la fecha no conocen cómo leer el tarifario, y muchas veces, ni lo llevan dentro de la unidad, por lo que les resulta más fácil consultarlo por internet. 

Sin quejas 

Carvajal Gutiérrez comentó que hasta el momento, no han recibido quejas de operadores que no llevara un tarifario en buen estado, o que simplemente no contaran con uno, ya que lo más frecuente es el maltrato por no aceptar el uso del mismo, sin embargo, invitó a la ciudadanía a reportar este tipo de hechos a través de la línea “Taxi Quejas”, ya que es la única manera de exhortar a los operadores a cumplir.

Las sanciones para los taxistas por este tipo de situaciones, consideradas por el sindicato como “no graves”, son desde una llamada de atención, de acuerdo al historial de conducta que conserve el “martillo”. 

En caso de reincidencia, el reglamento del sindicato estipula que el operador debe cumplir de tres, siete, 15 y hasta 30 días de trabajo social, o en situaciones extremas, la suspensión de labores.