El caso de la francesa Florence Cassez es un ejemplo claro de impunidad. Su relación con el líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco no tendría que ser, en sí misma, una causal de culpabilidad o complicidad en las atrocidades de las bestias criminales que son los plagiarios, pero, por desgracia, las autoridades mexicanas no pudieron comprobar, fuera de toda duda, que ella era una secuestradora, y al final la cosa quedó, como es costumbre en México, en un asunto de creencias o fe.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro una cosa: las acciones absolutamente antiéticas e ilegales de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y las indagaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) no pueden determinar con certeza si Cassez es culpable o no de los delitos por los que fue acusada y si mereció el proceso que la tuvo siete años en la cárcel.

¿Por qué ocurrió esto? Simplemente porque en pleno siglo XXI las policías y procuradurías mexicanas son una porquería, una maquinaria que garantiza la impunidad porque no tienen como fin perseguir y castigar criminales, sino perpetuar un estado de corrupción y crimen en México.

Sin embargo, en el affaire Cassez sí hay un culpable plenamente identificado de que la sociedad mexicana esté dividida por la incertidumbre sobre la culpabilidad o inocencia de la francesa: se llama Genaro García Luna.

El entonces director de la AFI y luego poderosísimo secretario de Seguridad Pública fue quien ordenó los montajes televisivos de los que inmoralmente se aprovecharon Televisa y Tv Azteca para hacer propaganda sobre la “eficaz” lucha contra el crimen del gobierno de Vicente Fox.

Y en esos montajes Genaro tuvo dos cómplices: Luis Cárdenas Palomino, hasta hace unos meses el número dos de la Policía Federal, y Lizeth Parra, ex reportera de Tv Azteca venida a más y operadora directa de los montajes televisivos, y a quien, en su momento, García Luna designó coordinadora de Estrategia Policial en sustitución de un general DEM y después como su coordinadora de asesores.

Es por la reprobable y desaseada acción de estos policías que nació la sospecha sobre la legalidad de las acciones de la AFI y la participación de Cassez en la banda de secuestradores. Lo que son las cosas, no se sabe si Cassez es inocente o culpable, pero no queda duda de la responsabilidad de García Luna, Cárdenas Palomino y Lizeth Parra en los videomontajes que, obvio, en otro país les debieron haber costado el puesto y la libertad.

Para rematar este caso, el gobierno de Enrique Peña Nieto le hizo como Pilatos: dejó que los panistas y la Corte carguen con el descrédito de un fallo que dio la libertad a Cassez, al tiempo de que normalizó la relación con Francia y puso una piedra más al gigantesco monumento a la duda y el complotismo que corroe a la opinión pública mexicana. Las únicas certezas son que no se sabrá si Cassez es una secuestradora y que a García Luna y cómplices que lo acompañan no los tocarán ni con el pétalo de una orden de presentación. Lo dicho, pura impunidad.