Nuestra Constitución tiene 136 artículos divididos en nueve títulos, que abordan mandatos relacionados con los Derechos Humanos y sus garantías, la soberanía y forma de gobierno, la división de poderes y el derecho al trabajo, entre otros. Actualmente, por efecto de reformas, hay otros títulos sobre las responsabilidades de los servidores públicos y la organización de los estados de la Federación y la Ciudad de México.

Originalmente, la Constitución de 1917 tenía 16 artículos transitorios, hoy además hay 242 derivados de diversas modificaciones a 22 artículos de los cuales, tan sólo el 73 que se refiere a las facultades del Congreso de la Unión, ha tenido precisamente 77 cambios, el más reciente el pasado 5 de febrero.

En 2015 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, se dio a la tarea de realizar una revisión técnica del texto constitucional y proponer una Constitución reordenada.

En su diagnóstico, los expertos señalaron que nuestra norma suprema era ya, en ese año, una de las más extensas del mundo, eso sin contar los cambios ocurridos de octubre de 2015 a la fecha.

“De seguirse el ritmo de los últimos lustros, llegaremos a tener una Constitución de difícil acceso para quienes no sean profesionales del derecho, e incluso para ellos mismos”, apunta el estudio. La propuesta asegura que, si bien la Constitución es la norma suprema del Estado, no implica que deba contener toda la legislación y puede y debe ser breve. Explican, por qué es deseable que los ciudadanos la conozcamos en lo general, “lo que se hace cada vez más difícil por su extensión creciente y sus cambios frecuentes”.

En segundo lugar para que el legislador ordinario haga las adecuaciones institucionales que los tiempos exigen, pero no la someta a “ajustes incesantes que la han convertido en la más flexible de las normas vigentes en el país”. En tercer término, porque México ya tiene un tribunal constitucional “que controla el estricto cumplimiento de la norma fundamental, por lo que existe la garantía plena de que el Congreso nunca se exceda en el ejercicio de sus facultades”.

Proponen dejar una Constitución reordenada, comprensible y breve y contar con una ley de desarrollo constitucional, la cual requeriría mayoría calificada en cada cámara del Congreso para ser aprobada y que atendería observaciones mediante control previo de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte.