De principios de junio a julio de 1993, ninguna figura del PRI con fresca trayectoria electoral había sido capturada y sometida a un proceso penal a nivel Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, con inevitables repercusiones políticas que se intensifican cuando los  protagonistas calientan motores rumbo a la batalla que puede decidir tantas cosas, incluyendo el tema vital de la gobernabilidad.

 

En esos tiempos, el gobernador Mario Villanueva Madrid se instaló decidido a ajustar cuentas y envió a prisión a una docena de ex funcionarios estatales –cercanos a su antecesor Miguel Borge Martín – y del Ayuntamiento de Benito Juárez, siendo el ex alcalde interino Arturo Contreras Castillo el último en caer porque decidió entregarse confiando en las promesas de un emisario del mandatario que lo contactó en Mérida, prometiendo falsamente que no  pisaría la cárcel de Cancún.

 

Desalojada de la presidencia municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino ha sido una figura incómoda que dependió del amparo del ex diputado federal Carlos Joaquín González, quien a cambio de hacerse a un lado de la lucha interna por la candidatura gubernamental colocó a decenas de recomendados en posiciones visibles y no tan visibles, pero no menos  significativas.

 

Claro que hay elementos de sobra contra Edith Mendoza, pero la partidización de los asuntos de este calibre abre el abanico a la defensa inmediata para ganar valioso terreno, complicando el accionar del adversario. 

 

En esta coyuntura, una hija o un nieto del procesado se convierten en preciada pieza de campaña electoral, por el nada despreciable poder que preservan para dividir o desorientar al partido de origen.

 

El proceso judicial de Edith Mendoza debe ser articulado de manera impecable, sin que queden flancos débiles que abran paso a la duda razonable. Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe salir de su ostra para garantizar un proceso intachable,  documentando abusos policíacos nada ajenos a nuestra cultura.

 

Tan pronto el alcalde cancunense Julián Ricalde Magaña advirtió que la detención de Edith Mendoza afecta la imagen de ese polo turístico, el dirigente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, se lanzó contra el perredista: “El tramposamente quiere aparentar que le afecta la detención de Edith Mendoza; su activismo ya cae en el terreno de lo desbocado y genera serias dudas sobre sus verdaderas intenciones, pues últimamente se ha convertido en la mano que mece la cuna detrás de todos los falsos conflictos políticos que aquejan a Quintana Roo”.

 

“El dirigente del PRI señaló que Ricalde Magaña como buen imitador de charro quiere ser el protagonista en cualquier fiesta, y en este caso aprovechándose del estado mental de Edith Mendoza Pino, ahora se erige como su defensor y sin argumento jurídico alguno opina como jurista del proceso de detención que se le sigue a la ex alcaldesa de Tulum”, precisa el boletín, reafirmando así la politización de este espinoso asunto.

 

Pedro Flota inicia la semana haciendo lo que domina, intentando no perder terreno en el sur. Obviamente, esa agenda es personal.

 

Un chetumaleño tras un sueño

 

El pasado viernes el odontólogo chetumaleño Carlos Vázquez Hidalgo presentó en Cancún su solicitud de registro para competir por la dirigencia estatal del PRD. Se trata de una aspiración con todo en contra, ya que la presidencia de ese partido pertenece estrictamente a cancunenses desde mediados de la década de los 90, es decir, desde el siglo pasado. 

 

De hecho, los perredistas de Cancún han roto récord de permanencia desde que Tomás Contreras Castillo tomó las riendas en tiempos del gobernador Mario Villanueva. La participación de Carlos Vázquez es saludable y debe ser un llamado de alerta para ese partido, ya que Andrés Manuel López Obrador con Morena puede dar cabida a los perredistas que tienen categoría de convidados de piedra fuera de Cancún.