Por no haber transcurrido tanto tiempo, tenemos frescas en la memoria las movilizaciones encabezadas por diputados locales panistas para exigir la abrogación absoluta del pago de la tenencia vehicular, de la que el 80% está exento, mostrando así preocupación por la situación económica actual de la gente que, víctima de la inflación en los productos de la canasta básica, ha visto disminuir su capacidad de compra, lo que a primera vista representa ciertamente un objetivo plausible, pues significa pagar menos impuestos.

Más recientemente, el presidente municipal de Mérida le propuso al Cabildo un proyecto para actualizar durante 2013 el valor los predios a fin de incrementar la recaudación correspondiente al impuesto predial, pero que, entre tanto se concluyen esos trabajos, se les autorice para aumentar el monto de ese impuesto en un 20%, a partir del 1 de enero del año venidero. Lo que justifican con los argumentos usuales sobre  la necesidad de disponer de mayores recursos para  la obra pública, tanto de manera directa como a través de la mezcla de recursos federales.

Lo que en términos simples significa que el aumento del impuesto predial que arroje la revaloración de los predios en todos los casos será superior al 20% y que su pago con este aumento en 2013 representa una ganga, un regalo de año nuevo del Ayuntamiento.

Aparte de los argumentos evidentemente falsos del alcalde sobre el presunto escaso impacto de las medidas propuestas sobre la economía familiar, lo destacable en ambos casos es que se trata de propuestas que provienen no de partidos disímbolos, sino del mismo PAN, que en un caso pugna por quitar impuestos y en otro por rehabilitar el colonial impuesto del “quinto real”.

Sin embargo, esta situación de esquizofrenia impositiva no proviene de una pugna interna en el PAN, ni del  probable conflicto entre quienes lo dirigen y sus gobernantes correligionarios,  tampoco de riñas entre corrientes internas diferentes; vamos, ni siquiera es un asunto de su doble moral: se trata tan solo de una actitud perfectamente congruente con la doctrina panista y su posición ante el poder: amigable cuando lo tiene, enfrentada cuando no.

Ávida de recursos cuando gobierna, austera cuando es oposición, por ello busca mermar los recursos del gobierno del Estado, los cerca de 300 millones   del pago de la tenencia, más los que resultan de la mezcla federal. Tampoco les preocupa afectar de manera generalizada la economía familiar de los ciudadanos a quienes gobiernan y que con esfuerzo han alcanzado su vivienda.

El desproporcionado aumento del impuesto predial propuesto por el Ayuntamiento es un asunto de pesos y centavos, que se quieren “administrar” en perjuicio de los ciudadanos.