El gobierno mexicano se enfrenta a un profundo desgaste político, que se expresa en su creciente impopularidad y en la imposibilidad de sacar adelante una serie de iniciativas presidenciales, como la despenalización del consumo de la marihuana.

Eventos como la presencia de Trump en Los Pinos poco han colaborado a mejorar la percepción pública del presidente. Estas condiciones asemejan el fin de un ciclo de gobierno. El problema es que al sexenio le faltan todavía más de dos años. Creo que, más allá del debate sobre las virtudes y defectos de la presidencia de Peña Nieto, es pertinente preguntarse cómo el sistema político mexicano debería procesar el agotamiento de un gobierno, por la causa que sea.

Bajo las normas constitucionales actuales, la interrupción de un gobierno nacional es una anomalía para la que sólo existen previsiones extremas, y llevaría al nombramiento de un presidente interino por el Congreso. Dado que éste no se renovaría, la designación reflejaría el consenso social de la anterior elección, que no puede desvincularse del agotamiento del gobierno que se remplaza y que se mantendría en el origen del nuevo gobierno. Es como cambiar un fusible sin reparar los cables, en el afortunado caso de que la designación se lograra dentro de lo previsto por la ley. Este sistema, heredado intacto del régimen de partido de Estado, sólo es capaz de producir gobiernos electoralmente minoritarios, vulnerables al pronto y profundo desgaste político. Adicionalmente, estando diseñado sólo para gobiernos ampliamente mayoritarios, no prevé el manejo de la pérdida de consenso social de los mismos, ni los mecanismos para su relevo y construcción de nuevas mayorías gobernantes.

Como alternativa para formar gobiernos de mayoría, se ha propuesto establecer una segunda ronda en las elecciones, de forma tal que los dos candidatos más votados en una primera se sometan a una segunda, donde el ganador tendrá una mayoría absoluta, o casi, garantizada. Este sistema permite en efecto que los gobiernos nazcan con mayoría, pero en la medida en que ésta es forzada por no existir más de dos candidatos, no se refleja ni en un apoyo social mayoritario estable, ni en gobiernos de coalición en los que electores diversos se vean representados.

En los regímenes parlamentarios, ante una situación de pérdida de sustento popular evidente, corresponde convocar a la elección de una nueva cámara de diputados, que a su vez elegirá un nuevo jefe de gobierno. De esta forma, el nuevo gobierno parte de una mayoría electoral y parlamentaria, como base para el desarrollo de un programa de gobierno socialmente aceptado. Es verdad que pueden ocurrir casos como en el que actualmente se encuentra España, donde tras dos elecciones no ha sido posible constituir una mayoría parlamentaria que forme gobierno. Yo, como mexicano, preferiría unos meses de búsqueda de mayoría para un nuevo gobierno, que prolongar uno agotado, cuya agonía pese a propios y extraños, hasta cumplir los seis años.