A Lorenzo Zambrano, amigo entrañable, mexicano ejemplar. Su recuerdo es ruta y destino para ese diseño pendiente de grandeza mexicana que él sí logró.

A dos semanas de haber concluido el periodo de sesiones ordinarias, el Congreso cumplió con la aprobación de la reforma político-electoral. Atrás quedaron el Cofipe y el IFE, dos de las mayores instituciones de la transición democrática mexicana. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley General de Partidos Políticos serán los nuevos ordenamientos que regularán la democracia electoral.

Hay derecho y licencia para la nostalgia. Lo realizado en el pasado tiene mucho de encomiable, aunque en materia de legislación electoral, casi nunca ha habido consenso. La reforma fundacional promovida por Jesús Reyes Heroles tuvo el rechazo de la principal oposición de entonces, el PAN. En 1990, la creación del IFE fue resultado del acuerdo del PAN y del PRI, con la resistencia del PRD. El sistema de equidad y la democratización del DF promovida por la reforma de 1996, tuvo consenso en el nivel constitucional, no así durante la reforma secundaria, por el tema del financiamiento.

En 2007 hubo consenso entre las principales fuerzas políticas para introducir cambios profundos a la legislación electoral, especialmente en el régimen de comunicación y de acceso a la radio y la tv. Y fue paso polémico, pues a la luz del tiempo persiste la reserva fundada sobre la excesiva propaganda partidista y de autoridades electorales a través de promocionales. Al menos ahora, esta sobrecarga se atenúa al privilegiarse los debates y encuentros entre candidatos. Efectivamente, la democracia mexicana —y no solo en elecciones, ni entre políticos— requiere abrir mayor espacio para el debate de ideas. Los medios, especialmente los electrónicos, tienen tarea por delante.

El cambio que se introduce ahora representa un nuevo paradigma. Es, en varios sentidos, un nuevo punto de partida. Hay aspectos preocupantes como el centralismo y la coexistencia un tanto ambigua del poder central que representa el INE frente a los órganos de los estados. De principio se cedió ante una premisa exagerada y con motivación partidista: la falta de confiabilidad de los órganos electorales locales, incluyendo el del D.F, según el PAN. No obstante, no podemos ignorar que las expresiones de alternancia y el normal desarrollo en la abrumadora mayoría de los comicios locales acreditan el trabajo institucional realizado por esas instancias. La mayoría en el legislativo tuvo que transigir ante la postura irreductible del PAN y he ahí lo que tenemos.

La aprobación, prácticamente por consenso, en el Senado y por una clara mayoría en la Cámara de Diputados, obliga a centrar la atención en los deberes que corresponden a los actores políticos para que los cambios lleven a mejorar la democracia electoral mexicana; pasar del dicho, al hecho.

El INE tiene una buena integración y acumula la experiencia positiva del IFE. Es una institución muy costosa, mucho más que los órganos electorales locales, pero podríamos decir que, a pesar de ello, el IFE también cumplió a lo largo de su existencia su difícil y delicada responsabilidad.

En el escenario de la democracia mexicana, el hecho de que el presidente del Consejo del INE sea un estudioso jurista es un paso en la dirección correcta, ya que si algo se espera de los órganos electorales es criterio jurídico. Muchos de los errores del pasado se habrían evitado con un poco de familiaridad con las leyes y con los principios básicos de legalidad. Esto es lo que más requerirá el INE. Orden, profesionalismo y disciplina los ha habido, no tanto criterio jurídico.

A los partidos corresponde la mayor aportación para que las nuevas reglas cumplan su cometido. El aval otorgado por las tres principales fuerzas políticas para la integración del INE y la aprobación de las normas del juego obliga y compromete. Lo más elemental es respetar lo que ellos mismos han aprobado. Queda claro que el consenso no es imposición de unos sobre otros, sino fruto de la confluencia de las posturas diversas de las tres principales fuerzas políticas. Desde esta perspectiva, el diferendo sobre la pensión vitalicia de los magistrados del Tribunal Electoral no es asunto menor y conviene encontrarle solución justa y pronta para evitar empañar lo logrado por consenso.

Los partidos promovieron y aprobaron un sistema de fiscalización centralizado y basado en información concurrente con el desarrollo de las campañas tanto locales como federales. Ya antes hemos señalado que esto implica un desafío mayúsculo que los convoca, de manera urgente, a desarrollar mecanismos de organización interna, inversión tecnológica (y económica) y reordenación estructural. En este sentido hay que tomar en cuenta el reto que esto representa para todos los partidos, en especial para los más pequeños, porque las sanciones no solo serán multas sobre las asignaciones periódicas del INE, también habrá pérdida de votos, elecciones anuladas y, lo que es muy delicado, una eventual responsabilidad penal.

Las autoridades tienen su propio cometido. La imparcialidad y la legalidad están en el centro de las nuevas normas, sin que ello contravenga el ejercicio de derechos políticos de los funcionarios. No son el cinismo ni la simulación respuestas razonables. La legalidad supone no disponer de lo ajeno para promover una causa particular o partidista; y es legal defender públicamente un principio, una postura y una ideología.

Los medios de comunicación (especialmente los concesionados por el Estado) y la sociedad organizada también tienen una misión en la consolidación de una nueva cultura democrática. La corresponsabilidad no solo convoca a partidos, autoridades y legisladores; el desarrollo político del país supone una participación social más activa y un encuentro efectivo entre ciudadanos y políticos que dé sentido y fuerza a las instituciones representativas, hoy tan desacreditadas en el imaginario ciudadano. La crítica y las libertades son fundamentales, tanto como la convicción compartida de que la legalidad y las instituciones son nuestro mejor activo y protección para el ejercicio de derechos.

En este nuevo paradigma, en el que la corresponsabilidad de la oposición ha sido fundamental, y de ello deben estar conscientes los ciudadanos, el país requiere una nueva didáctica democrática. Saber discutir y debatir; también acordar y conciliar. En tal sentido, no obstante las insuficiencias e involuciones de lo que fue aprobado, debemos reconocer que sí se ha avanzado.