Mientras todo en el país sea pasado por el tamiz de los intereses políticos,  los avances efectivos serán sólo aspiración nacional, y la seguridad en México ha estado imbuida de intereses partidistas que han imposibilitado medidas como la policía unificada, y ahora pareciera se encamina a empantanarse por las mismas razones.

En Quintana Roo, el mando único policial tiene apenas un año, pues hasta el 2013, cinco de sus 10 municipios se negaron a firmar el acuerdo, aduciendo razones diversas, pero estando en el fondo que la entidad es gobernada por el PRI, y Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres y José María Morelos eran gobernados por la oposición. Pero la medida presidencial no se limita sólo a los mandos, sino a la unificación completa de corporaciones. Se suman casos emblemáticos como San Pedro Garza García, en Nuevo León, que promovió una acción de inconstitucionalidad –desestimada por la Suprema Corte- para evitar que el gobierno estatal asumiera el mando policial, lo que ocurrió apenas en mayo pasado, cuando el municipio promovió la medida desde 2010, es decir se perdieron cuatro años.

Esas son algunas acciones que deben erradicarse por parte de los municipios y que fundamentan la iniciativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, para desaparecer las administraciones municipales cuando haya resistencia a asumir el mando único o se descubra involucramiento de dichas administraciones con el crimen organizado. 

Por otra parte, también hay señalamientos –constantes por cierto desde que el PRI regresó a Los Pinos- de que este tipo de medidas generará un regreso al centralismo que sólo debilitan a las entidades y municipios; e incluso advertencias para que se cometan excesos o haya “apetitos” políticos para utilizar la medida.

Estas observaciones se hicieron también en Nuevo León, pero ayer mismo, apenas presentada la iniciativa por parte del presidente a la Cámara de Diputados, los panistas anunciaron que rechazarán la medida, así, sin discusión previa, como una forma de pago al trato recibido cuando fue el PAN el que impulsó la medida durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y fue el PRI quien esgrimiendo una defensa a la autonomía municipal la rechazó.

Mientras el Legislativo inicia la batalla por lograr la aprobación de la medida presidencial, este 12 de diciembre se realizará en Los Cabos, Baja California Sur, la reunión de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en la que su secretario técnico, Fernando Schütte Elguero, ya adelantó el apoyo a la unificación policial, señalando que esa acción acabará con la discrecionalidad de los alcaldes, a quienes atribuyó dar empleo a “compadres o amigos” que ni idea tienen sobre seguridad pública.

El funcionario no carece de razón, baste recordar las “asnales” declaraciones del director de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, Gumersindo Jiménez Cuervo, quien señaló que gracias a que sus elementos circulan en motocicletas robadas y que han sido aseguradas, los ciudadanos las han visto circular y las han recuperado, a propósito de un caso denunciado en redes sociales y que evidencia la irregular disposición de bienes de los que han sido despojados los legítimos dueños, sólo por “cortar una flor.”

La oportunidad es única; la delincuencia común es la que más padecemos y en donde se requieren verdaderas transformaciones, faltará entonces que, en tanto se aprueba la cuestión normativa, se avance en el ramo administrativo, para que, ahora sí, los mexicanos sean protegidos por quienes siempre han debido hacerlo, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.