La sola imagen de la camioneta de placas diplomáticas tiroteada por policías federales el 24 de agosto en Tres Marías, Morelos, explica la "probable responsabilidad penal de homicidio calificado en grado de tentativa", uno de los cargos por los que al fin ya fueron consignados los 14 que la PGR mantenía bajo arraigo.

El otro delito del que se les acusa, "daño en propiedad ajena", es más que obvio: la Toyota Land Cruiser negra y blindada que acribillaron con 152 balazos no era suya, sino de la embajada de Estados Unidos, y en ella viajaban los dos asesores de esa nacionalidad que resultaron heridos, así como un capitán (salió por fortuna ileso) de la Marina Armada de México.

Una semana después del incidente, en este espacio se dio a conocer que los policías implicados estaban prosiguiendo la búsqueda (iniciada la tarde anterior) de una banda criminal, a partir del plagio exprés de que fue sujeto la mañana del jueves el director de Protocolo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Salvador Vidal Flores Pérez.

Junto con otra víctima de secuestro (que no quiso levantar denuncia y cuya identidad se desconoce), el funcionario había sido liberado menos de 24 horas antes en el área precisa en que los de la Toyota se toparon con un Chevy azul, una camioneta Chrysler verde botella y una Nissan X-Terra amarilla (el primero de la PF y las otras propiedad de policías), en las que viajaban agentes vestidos de civil y sólo algunos con la chamarra distintiva de su corporación.

En sus declaraciones, los acusados afirman que iban por un camino de terracería cuando, al verla (la suboficial Ivonne Moreno Romero declaró que el jefe de todos, José Uriel Garrido Franco, dijo: "¡Ah, chingá, tan temprano y qué camionetón...!"); le marcaron el alto a la Toyota y ésta viró en "U", con lo cual supusieron que unos probables secuestradores "huían".

Comenzaron entonces a rociar de balas a la camioneta que se les alejaba y a pedir el apoyo de los que, a su vez, esperaron y "cazaron" de frente a la blindada.

Uno de los ingredientes que agravaron su caso es que, antes de ser presentados ante la PGR, cambiaron sus ropas civiles por uniformes oficiales y las camionetas particulares fueron escondidas.

En descargo de su "probable responsabilidad penal de homicidio calificado en grado de tentativa", los 14 consignados pueden alegar que, tan no se propusieron asesinar a nadie, que dejaron de disparar en cuanto recibieron la orden y procuraron asistencia médica para los heridos.

Más allá de intenciones buenas o malas, deben ser juzgados por su desatinada y eventualmente letal actuación.

Lo mejor que les ha podido suceder es que ni la PGR ni el juez que los consignó los hayan acusado de delincuencia organizada o uso de armas ilegales (uno del área administrativa que carece de permiso de portación es acusado de haber utilizado "el arma larga de uno de sus compañeros").

El que no hayan disparado cuernos de chivo ni resultaran "sicarios" de los Beltrán Leyva encuera a la prensa carroñera, que tanto se esmeró en lincharlos.