“Ni una más” era el lema de aquella manifestación contra los feminicidios que partió la tarde del 9 de noviembre de 2020, en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún, pero que horas más tarde terminó en un ataque a balazos por parte de la policía, frente al Palacio Municipal.

Un año ha pasado desde esa histórica represión policial. Catorce agentes se encuentran sujetos a proceso por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y robo, pero hasta ahora, nadie ha sido sentenciado.

“Sí hay (un plazo) pero también hace el ejercicio de defensa la otra parte y eso va prolongando y va atrasando los términos”,

afirmó recientemente el Fiscal General, Oscar Montes de Oca Rosales, al hablar sobre los compromisos contraídos con las víctimas.

Sin embargo, la duda que sigue en el aire es: ¿quién dio la orden de disparar? Es un tema que “no quedó comprobado”, de acuerdo con la Fiscalía General.

En ese entonces, toda la policía de Quintana Roo tenía un solo mando y estaba a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, ahora ex secretario de Seguridad Pública, de acuerdo con los convenios de coordinación y un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Las autoridades encargadas de la procuración de justicia ya dejaron en claro que no está siendo investigado.

El día de la represión, al menos tres personas terminaron con heridas de bala, producto de disparos realizados por los policías. Otras 13 resultaron con múltiples golpes o detenidos.

Aquel día, el gobernador Carlos Joaquín responsabilizó al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez de haber dado la orden, mientras que Mara Lezama, la presidenta municipal, anunció horas más tarde la destitución del funcionario.

Derechos Humanos emite recomendación

Además del proceso penal iniciado por la represión policial. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió el 30 de noviembre la recomendación CDHEQROO/20/2020/II con 10 puntos.

De acuerdo con la información aportada por el municipio se ha dado cumplimento total o parcial a la mayoría de ellas. Alguno de los puntos que afirma haber cumplido es el relativo al pago de los perjuicios.

El Ayuntamiento entregó el 20 de diciembre del 2020 con actas circunstanciadas de forma adelantada la cantidad de 100 mil pesos a 14 víctimas, así como compensaciones derivadas de dictámenes de procedencia emitidos por la Ceaveqroo por montos diferenciados que van de los 5,900 a 136,263.72 pesos entregadas en junio de 2021.

De igual manera, se ha dado seguimiento a los procedimientos sancionatorios a los elementos policiales señalados como responsables, a través de la Contraloría Municipal y la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública. E

El 12 de noviembre de 2020, la alcaldesa dirigió a las víctimas un mensaje a través de sus redes sociales en el cual lamentó la violencia, comprometiéndose a esclarecer la actuación de los elementos policiales, coadyuvar con la FGE y la FGR y garantizar que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

El Ayuntamiento ha realizado programas de capacitación y formación en Derechos Humanos, así como la integración de áreas especializadas en el manejo de manifestaciones con paridad de género al interior de la Smspyt.

Víctimas aún esperan justicia 

A la falta de castigo de los responsables se suma el hecho de que no se ha reparado de manera integral el daño a las víctimas. Más de una decena de amparos han sido ganados ante los juzgados federales.

“Las autoridades responsables de los hechos del 9 de noviembre del 2020 no han estado con la labor de reparar a las víctimas, conforme lo exige el artículo primero constitucional párrafo tercero y la Ley General de Víctimas y obviamente la ley local”,

advirtió Jhann Paul Villafuerte Rodríguez, integrante del área de defensa integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

(Foto: SIPSE)

Ese organismo encabeza la defensa de las víctimas en materia administrativa. Apenas el miércoles de la semana pasada, fueron notificados de 11 sentencias donde la justicia de la unión ampara y protege a quienes sufrieron la brutalidad de los agentes policíacos.

Los amparos fueron en contra de las resoluciones de reparación emitidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, el pasado 15 de junio de 2021.

El Juzgado Cuarto de Distrito determinó revocar los dictámenes y ordenó reponer el procedimiento. En esta ocasión, la Comisión a cargo de Karla Rivero González, deberá notificar el proyecto a las partes afectadas a fin de que puedan aportar pruebas o indicios tendientes a garantizar una reparación integral.

"La Ceaveqroo no estaba respetando el principio de complementariedad que prevé la Ley General de Víctimas en su artículo quinto. A ninguna de las víctimas les entregó una indemnización monetaria, toda vez que hicieron descuentos de algunas medidas, de diversa índole, de diversa naturaleza, que no debieron de haberse descontado. No hubo un pago material a las víctimas”,

detalló Villafuerte Rodríguez en entrevista con Novedades Quintana Roo.

Esta es la Cronología de la represión del 9N en Cancún

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