CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso aprobó el paquete fiscal 2021, por 33 mil 860 millones 864 mil 890 pesos, que representan 224.9 millones de pesos menos que la propuesta original. 

Después de maratónicas reuniones de los legisladores con funcionarios del gobierno, encabezadas por Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se aprobó el dictamen que contiene ajustes en los presupuestos de cuatro dependencias y organismos de la administración pública. 

La modificación más grande se realizó en la Secretaría de Desarrollo Social, con reducción de 310 millones de pesos, para quedar en 196.2 millones de pesos. Fue la única que tuvo una variación negativa. Servicios Estatales de Salud recibió un aumento de 45 millones de pesos, para pasar de una propuesta de cuatro mil 38.4 millones a cuatro mil 83.4 millones. 

Otro que recibirá más recursos es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca con un aumento de 35 millones de pesos. Su presupuesto para 2021 será de 171.5 millones de pesos; mientras que el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas de Quintana Roo se asignó 25.6 millones, que representa cinco millones más que lo planteado en la iniciativa. 

Prioridad a los sectores vulnerables

El dictamen fue enviado al pleno para su discusión y aprobación en su caso. Al cierre de la edición, la sesión del primer período extraordinario del segundo año de ejercicio constitucional, convocada con un total de 32 puntos, no había empezado. 

Entre los demás puntos, además de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos estaban reformas al Código Fiscal, a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley del Impuesto al Hospedaje, la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento del Empleo, la Ley de Derechos, Ley de Hacienda y modificaciones a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado. 

De igual manera estaban previstas para su discusión las leyes de ingresos de los municipios, así como algunas modificaciones a las leyes de hacienda municipales, así como la expedición de tablas de valores unitarios de suelos y construcción para algunos otros.