La cobertura de salud en Quintana Roo retrocedió en los últimos dos años, como efecto de la desaparición del Seguro Popular y la introducción del Insabi, así como por efectos de la pandemia por COVID-19, de acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

En el caso de Quintana Roo, el Coneval, de cuyos datos se basó la medición, indica que de 2018 a 2020, la carencia por acceso a servicios de salud pasó de 282 mil a 466 mil personas, es decir, que en dos años 183 mil habitantes se sumaron a esta problemática.

Laura Flamand Gómez, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades, explicó que más de la mitad de la población en México se atiende en servicios privados, principalmente, en los consultorios adjuntos a farmacias o CAF, debido a que la atención es accesible e inmediata para las personas de escasos recursos. 

De acuerdo con las estadísticas, del total de personas sin derechohabiencia en el país, el 26% se atendieron en los servicios de salud públicos, el 24% acudió a los CAF, el 45% a consulta privada y un 3% al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Hemos fallado desde el gobierno y la sociedad en proteger la salud de las personas más vulnerables, por lo que los servicios privados se volvieron una opción de atención ambulatoria muy importante en época de la pandemia”, dijo y advirtió que el siguiente paso será regular este tipo de consultorios, que son escasamente vigilados y sujetos a incentivos. 

Asimismo, indicó que la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador no se está encaminando hacia una cobertura de salud universal, pues a dos años de su implementación sigue llena de incertidumbre y con resultados preocupantes.

Uno de los puntos preocupantes es que muchos no conocen o no se reconocen como usuarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que recurren a otros servicios de salud. 

“No es que las personas hayan perdido acceso a la salud, que hayan perdido empleos y su derechohabiencia al IMSS, sino es claramente las personas que decían que tenían seguro popular y que ahora, parecen no reconocer el derecho que el Insabi les está otorgando”, dijo. 

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