La Comisión de Justicia del Congreso del Estado registra 18 solicitudes de juicio político pendientes por resolver, las cuales deberán ser analizadas para verificar si proceden o no.

Hugo Alday Nieto, diputado que preside dicho grupo en el Poder Legislativo, detalló que dentro de esas peticiones se encuentra la interpuesta por los choferes de la plataforma Uber contra tres funcionarios del actual gobierno estatal.

“Vamos a analizar el fondo para ver cuáles peticiones sí continúan y cuáles se tendrían que desechar, porque muchos de estos (juicios políticos) ya ni siquiera son materia”, comentó, para añadir que las solicitudes serán atendidas por la Comisión de Justicia cuando inicie el periodo de sesión ordinaria en el Congreso del Estado.

Indicó que hay una gran diversidad de temas en las solicitudes para aplicar juicios políticos, ya sea contra presidentes municipales o contra funcionarios del gobierno estatal.

“Incluso hay solicitudes contra personas que ya ni siquiera viven en el estado y temas hay de cualquier variedad, como unos que son 100% laborales, que no son materia para juicio político, pero ahí están desde hace muchos años (...) Algunos son muy viejos y hay una gran cantidad de elementos, pero algunos ya fueron cosas juzgadas”.

El legislador comentó que “hay una gran cantidad” de solicitudes de juicio político contra funcionarios del sexenio de Roberto Borge Angulo, mientras que en el caso de aquellos colaboradores de Carlos Joaquín González “hay al menos un par”.

En algunos casos no han procedido o hay avances al respecto -aunque no descarta que esto se deba a que se atendieron en otras áreas, como la penal o por la Contraloría del estado-, mientras que hay otros que están bajo amparo.

El legislador comentó que, de manera simultánea al análisis de estas peticiones de juicios políticos heredados de otras legislaturas, también se analiza la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, para actualizar el proceso en cuanto a los juicios políticos.

Alday Nieto se reunió en la sede del Congreso del Estado en Cancún con los socios conductores de la plataforma de transporte Uber, para ratificar la solicitud de juicio político en contra de Luis Rodrigo Alcázar, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo); de Erika Castillo y de Cristina Torres Gómez, secretaria y directora de Gobierno, respectivamente.

Lo que sigue en el proceso, establece el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, es que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado sesione y verifique si el documento cuenta con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley, como que la petición sea contra funcionarios que puedan ser sujeto de juicio político, ver cuáles son los elementos se le pueden imputar, etcétera.