Alrededor de 600 de menores de edad en el estado están en procesos judiciales entre sus padres por violencia vicaría, divorcios, pensión alimenticia, sustracción de menores, violencia familiar, abuso sexual, violencia digital, entre otras causas.

Ariadne Song Anguas, miembro de la Red de Víctimas Quintanarroense, comentó que, pese a dicha situación, el Poder Judicial no cuenta con las instalaciones adecuadas para atenderlos mientras sus progenitores realizan sus diligencias ante los tribunales.

Señaló que esto implica que –en la mayor parte de los casos-, sus madres, que son cuidadoras de tiempo completo de los menores, tienen que acudir a las audiencias a las instalaciones del Poder Judicial del Estado que no tiene ludotecas en donde puedan pasar el tiempo mientras sus madres revisan su expediente, están en su audiencia, o cualquier otra diligencia.

“Sus hijos no tienen donde puedan distraerse, colorear (…) Otros tienen que esperar que su mamá salga de la audiencia, porque muchos jueces han dicho que no pueden estar presentes los menores, porque lloran, son inquietos, a menos que vayan a ser escuchados por el juez”.

Incluso refirió que en muchos casos los hijos acompañan a sus madres en sus diligencias, por lo que en muchos casos ni siquiera pueden expresar por lo que están pasando, o firmar un documento o poner atención al asesor público, lo que también afecta el proceso legal en curso.

Diferentes tipos de violencia lleva a menores en procesos judiciales con sus padres en Cancún / (Foto: José Aldair)

Ante esta situación, la activista señaló que al no contar con ludotecas –que son espacios que cuentan con aire climatizado, con juguetes y expertos en cuidados y recreación infantil, mientras esperan a sus mamás a que concluyan sus diligencias–, el Poder Judicial del Estado no es “sensible ni humanitario, ni cuenta con perspectiva de género y, mucho menos tiene en cuenta los derechos de niñas, niños y adolescentes que están inmiscuidos en procesos, pese a que son víctimas indirectas”.

Song Anguas recordó que hace algunos meses, varios colectivos pidieron al Congreso del Estado que celebre convenios con la iniciativa privada o los hoteles para donar el mobiliario, juguetes y convenios para que estudiantes puedan realizar su servicio social con el cuidado y brindar atención a los menores que acuden al juzgado, pero aseguró que a la fecha no han obtenido respuesta.

En conferencia de prensa, la también vocera del colectivo femenil Xtabay, junto con otras organizaciones como Madres Buscadoras de Quintana Roo, entre otras, señaló que los procesos legales pueden resultar traumáticos para los menores que se encuentran inmiscuidos en procesos legales y que las autoridades no cuentan con un equipo de psicólogos que los pueda atender y ayudarlos a comprender qué procesos enfrentan sus padres.

Muestra de ello, dijo, son dos casos que se dieron a conocer de dos padres que sufren de violencia vicaria y que sus respectivas hijas presentan cuadros de depresión, entre otras afectaciones.

En el primer caso, Ariadne Song, quien también es abogada, comentó que la Jimena, adolescente de 16 años de edad, hija del exdiputado local Emiliano Ramos Hernández, ha solicitado al Poder Judicial celeridad en la impugnación de las acusaciones de la carpeta de investigación por diversos delitos en agravio de la actual diputada local Paola Moreno Córdova, así como la liberación de su padre y convivir con sus otras dos hermanas, entre otras.

Y, en el segundo caso, de Yahir Benítez, pidieron a los tribunales que escuchen a la menor de cuatro años que ha manifestado que quiere vivir con el padre, debido a que la madre “por diversas circunstancias que no conocemos, la madre no tiene un vínculo con ella y ha crecido con la abuela paterna. Incluso acusaron de omisión al juez Carlos Manuel Cohuo Zaldívar, por no tomar en cuenta los dictámenes de especialistas realizados por especialistas.