Una más: Ejidatarios de Yucatán denuncian por despojo a Marybel Villegas

La senadora de Morena y sus familiares fueron denunciados ante la FGR por el regalo de 21 terrenos en el Ejido Cosgaya

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(SIPSE)
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El Ejido de Cosgaya, municipio de Mérida, se sumará a la denuncia que la abogada Araceli Andrade Tolama promovió en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, la senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, su esposo y su hermano, por el despojo de 21 terrenos que comprenden 175 mil metros cuadrados propiedad del citado ejido, y que tienen un valor catastral de 5 millones 109 mil 586.82 pesos.

Ayer el comisario ejidal de Cosgaya, Jaime Enrique Jorge Cen, acompañado por los ejidatarios Silverio Uc Aké y José del Rosario Tzec Chi; advirtieron que emprenderán la lucha jurídica para recuperar las tierras a fin de que sean repartidas entre quienes realmente pertenecen a dicho ejido en el marco de la ley agraria.

Por su parte, Andrade Tolama señaló que cualquier persona puede sumarse a esta denuncia, sea ejidataria de Cosgaya o no, ya que por ser originalmente bienes de la nación, todos los mexicanos son dueños y por tanto, perjudicados.

En este contexto, precisó que el 29 de diciembre de 2020 presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto; de la senadora por Quintana Roo por Morena, Marybel Villegas Canché, y su esposo, Jorge Parra Moguel; asimismo, en contra del hermano de la legisladora, Raymundo Villegas Canché, y en contra del ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, José Luis Santos Ramírez, quien se desempeñó en el cargo en 2015, y quien era cercano al ex mandatario federal.

Andrade Tolama recordó que en 2015 el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, otorgó a título gratuito 21 terrenos que suman 175 mil metros cuadrados propiedad del ejido de Cosgaya, municipio de Mérida.

Ayer, el comisario ejidal de Cosgaya, Jorge Enrique Jorge, dijo que al único que conoce es a Raymundo Villegas Canché, a quien se le vendió una hectárea de terreno en 2013.

La investigación rinde frutos

En este sentido, la litigante dijo que se enteró de dichas anomalías legales por medio de denuncias periodísticas, posteriormente realizó una investigación para reunir los elementos de prueba, encontrando que efectivamente, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán figuran como propietarios de estos predios los citados denunciados.

Expuso que entre los documentos de prueba que presentó en la denuncia, se expone que por instrucciones directas del entonces presidente Enrique Peña Nieto se otorgó a título gratuito los 21 predios citados, siendo que Javier Raymundo Villegas Canché y Jorge Gilberto Parra Moguel se hicieron pasar por productores rurales para poder acceder a estos terrenos.

“El ex presidente regaló los terrenos al esposo y al hermano de la senadora, quienes no cumplen los requerimientos porque no son ni productores rurales, no son ejidatarios, ni son grupos vulnerables; el presidente se los regaló directamente, y despojaron a la gente originaria de la comisaría de Cosgaya; la intención de esta denuncia es que devuelvan los predios al ejido de Cosgaya, no que sean regalados a funcionarios públicos que nada tienen que ver con el ejido”.

La litigante recordó que el 28 de enero pasado ratificó las dos denuncias ante la FGR y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la Ciudad de México, donde ya se iniciaron las investigaciones y peritajes necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo -dijo- solicitó darle vista a la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En este sentido, precisó que a la fecha la FGR ya solicitó expedientes completos al RAN sobre cada uno de los 21 predios citados, de los cuales, algunos tienen una extensión de ocho hectáreas, otros de 16 y otros de seis, más lo que puedan salir en esa investigación, lo mismo que cualquier otro funcionario público que hubiera participado en estos actos en los que se presume corrupción.

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