Verónica Fajardo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En el Estado se han cometido en el último año un promedio de 35 crímenes contra mujeres, pero de ellos solamente ocho cumplen con los lineamientos para ser tipificados como feminicidios, dos corresponden a Solidaridad, que ya fueron sentenciados, al igual que el de Othón P. Blanco.

Los restantes cinco casos ocurrieron en Benito Juárez, aunque uno de ellos ya con sentencia, señaló la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, Guadalupe Reyes Pinzón.

La sentencia más alta que se aplicó en Quintana Roo fue de 50 años contra Ricardo Flores Sánchez, quien hace un par de semanas fue sentenciado por un juez oral de Benito Juárez por resultar culpable de feminicidio contra una mujer de identidad reservada, y el delito lo cometió con su cómplice María Calderón Quesada, que fue condenada a 37 años de prisión.

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El segundo caso con una condena de 43 años, fue para el elemento policíaco Ramón Fernando Caamal, quien en marzo del año pasado, en Chetumal, ultimó a balazos a su ex esposa de iniciales A.M.H, siendo testigo de los hechos el hijo de ambos.

En el municipio de Solidaridad, la primera sentencia de feminicidio fue contra José Santana Luna, condenado a 20 años por el crimen contra R.D.I.S. El segundo, Sixto González Landeros con a 37 años de cárcel,  por ultimar a una menor de 14 años de edad.

La última sentencia por feminicidio que se dio en el municipio de Benito Juárez, ocurrió en septiembre de 2017 y fue contra Rogelio “N”, quien asesinó a L.M.M., la condena en su contra fue por 18 años.

La fiscal señaló, “hay que recordar que desde el 2012 el Código Penal en el Estado de Quintana Roo tipificó el feminicidio como delito, pero no fue hasta el 2017 cuando se acreditó el primer caso y fue el relacionado con el ex policía estatal, Ramón Caamal en Chetumal”.

Dentro del programa de prevención a la violencia contra la mujer, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, maneja las medidas de protección, que ante una denuncia de la víctima, la Policía Ministerial realiza las investigaciones para detectar si la victima está en riesgo.

De ser así se le protege, le informan a las corporaciones policíacas, para actuar en caso de emergencia, esto con fundamento en las fracciones I y II del Código Nacional de procedimientos penales que le prohíbe al agresor el acercamiento o la comunicación con la víctima, y la limitación para asistir o acercarse a la vivienda de la ofendida.