Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Gustavo Miranda García, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a través de su amigo Pablo Bustamante Beltrán, aliado con tres personas más, entramaron un juicio laboral para evitar que la mamá del legislador pierda un departamento de lujo en Cancún por el incumplimiento de una deuda de 800 mil dólares.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y quedó registrado bajo el número FGE/QR/CAN/UAT/04/3449/2019 ante la mesa de delitos diversos.

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Según la información, junto con Marcela Bañuelos Cobos, Carlos Ismael Adrián Albornoz y José Luis Gómez Sosa, el amigo del diputado local declaró en una demanda laboral conjunta, haber laborado como vendedores de tiempos compartidos para Erika Luz García Deister y dos empresas: García & Miranda Trading S.A de C.V. y Operadora Turística Luz S.A. de C.V., con un salario mensual de 90 mil pesos.

En agosto de 2015, los “inconformes” demandaron que fueron despedidos de manera injustificada, por lo que solicitaron a la empresaria la indemnización de tres meses de salario, el pago correspondiente a prima vacacional, aguinaldo, utilidades, antigüedad y horas extras.

De acuerdo con la demanda a la que Novedades de Quintana Roo tuvo acceso, Bustamante Beltrán comenzó a trabajar con Erika García el 13 de mayo de 2010, cuando apenas tenía 17 años, con un salario mensual de 90 mil pesos.

Laboraba de martes a domingo de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con dos horas de comida, pero debía quedarse dos horas extras por necesidad de la empresa, según declaró. Así fue hasta mayo de 2013, es decir, demandó dos años después de su presunto despido.

La supuesta demanda laboral fue ganada en un periodo de solo cuatro meses, porque García Deister no dio contestación ni acudió a la audiencia, por lo que en diciembre de 2015 se dictó una resolución definitiva, en la cual se determinó que la empresaria debía indemnizar a los cuatro empleados por un total de 10 millones 405 mil pesos, de lo contrario se procedería al embargo de los bienes necesarios.

El 28 de abril de 2016 se realizó la audiencia de remate, la cual quedó desierta, por lo que el inmueble fue adjudicado en partes iguales a los cuatro trabajadores, libre de gravamen y derechos fiscales.

En julio de 2017, el notario público 84, Jorge Jaime Cruz Hernández, con sede en Playa del Carmen, dio fe a la compraventa del departamento de lujo a María Elena Martínez, de quien el regidor y los otros tres trabajadores declararon de palabra haber recibido nueve millones de pesos en efectivo.

Ese mismo año, el banco solicitó al juez la adjudicación del inmueble que estaba como garantía, pero ese año la empresaria presentó un certificado, en donde informó al juez que el inmueble que se le intentaba embargar ya no le pertenecía a ella, porque lo perdió en un juicio laboral por tanto el embargo era improcedente, de acuerdo con la defensa del Banco de Sabadell.

Ante esa situación los representantes del banco interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por fraude en contra de todas las personas involucradas en la demanda y el remate de la propiedad.

Entre los argumentos presentados por el banco está el hecho de que en fechas recientes, tanto el regidor como el diputado Gustavo Miranda, hijo de la empresaria, mostraron su amistad en redes sociales, indicio de que no hubo una ruptura de la relación, luego de una supuesta demanda por despido injustificado que le costó a la empresaria un departamento de lujo en una de las zonas de mayor plusvalía en la ciudad.

Además, Carlos Ismael Adrián Albornoz, otro de los ganadores de la demanda laboral, quien declaró haber tenido un salario mensual de 90 mil pesos mensuales y a quien le fue adjudicada una parte del departamento de lujo, declaró vivir en la supermanzana 259 de Cancún, en Villas Otoch, uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad. Además, es beneficiario de las ayudas sociales entregadas por el propio regidor Pablo Bustamante.