S. Blanco/E. Huerta/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El Imoveqroo inició operativos en contra de los conductores de la plataforma Uber, toda vez que hasta el momento carecen de una concesión estatal para prestar el servicio en cualquier municipio de Quintana Roo.

Jorge Pérez Pérez, director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), mencionó que las acciones y sanciones que aplicará contra los operadores de Uber y sus unidades son con base a la Ley de Movilidad del Estado en el artículo 204, fracción III, que marca sanciones que van desde 25 mil 347 pesos a 84 mil 490 pesos, es decir, de 300 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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“En caso de encontrar una unidad que esté dando el servicio sin concesión, vamos a aplicar la primera sanción que es de 25 mil pesos, de haber reincidencia se duplica la multa, y en una tercera ocasión alcanzará los 76 mil 41 pesos”, agregó.

La empresa que ofrece servicio de transporte mediante plataforma digital activó ayer su aplicación para Cancún, aunque fue complicado encontrar una unidad disponible.

Ante ello el Instituto reforzó el programa de verificación vehicular en el municipio, y junto con el Ayuntamiento de Benito Juárez trabajarán para evitar el uso del servicio.

Pérez Pérez pidió a los conductores esperarse a contar con la concesión, ya que no buscan afectarlos con las sanciones. Sin embargo, el funcionario mencionó que será hasta julio cuando el Instituto cuente con los reglamentos que permitan dar las concesiones, basadas en un estudio de movilidad.

Jorge Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento, acusó a Uber de mal informar a la población de "emprender una guerra mediática y calentar los ánimos en la población" y pidió a los directivos de la plataforma digital cumplir con la ley.

Asimismo informó que ya se reunió con el dirigente del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Erasmo Abelar Cámara, donde se advirtió que el gobierno municipal no tolerará violaciones a la ley, ni de Uber, ni del gremio de taxistas.

El juez cuarto de Distrito del Estado de Quintana Roo resolvió ayer el juicio de amparo 1428/2018, promovido por Uber, en el que determinó que el servicio que presta sí es de transporte público, por lo que requiere de una concesión estatal.

Al respecto, Uber, a través de un comunicado, se limitó a señalar que existe una suspensión definitiva emitida por un juez federal dentro de ese mismo amparo, en la cual instruye al Instituto de Movilidad que permita la operación con base en una reforma anterior.

Pidieron a los socios conductores no responder a provocaciones en caso de presentarse alguna situación que pueda poner en riesgo su integridad física, la de los pasajeros o la de la propia ciudad.